Buenos Aires.- Malvinas negocios quedó en el centro de una nueva disputa entre Argentina y el Reino Unido luego de que el Gobierno argentino rechazara una guía británica destinada a promover actividades comerciales en el archipiélago del Atlántico sur.
La Cancillería argentina cuestionó la publicación del documento Haciendo negocios con las Islas Malvinas, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido. Según Buenos Aires, la iniciativa busca impulsar operaciones comerciales y vinculadas con hidrocarburos en un territorio cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El documento británico sostiene que la legislación argentina no se aplica dentro de las islas ni alcanza a las empresas o personas que desarrollan actividades allí. Frente a esa postura, el Gobierno argentino reafirmó que el archipiélago y los espacios marítimos circundantes forman parte de su territorio y denunció una ocupación británica que, según su posición oficial, se mantiene desde 1833.
Advertencias contra empresas petroleras
La controversia se produce mientras Argentina intensifica sus medidas contra compañías que operan en Malvinas bajo licencias otorgadas por las autoridades isleñas. El presidente Javier Milei anunció el 3 de agosto que aceleraría las sanciones contra las empresas petroleras involucradas en esas actividades.
Desde entonces, la Cancillería informó que envió cerca de 180 notas de advertencia a compañías e inversores de 30 países. Además, abrió 60 procedimientos administrativos y presentó tres denuncias penales ante tribunales argentinos contra diez empresas petroleras y sus directivos, incluidos capitales británicos, israelíes y canadienses.
Entre los casos señalados figura el de Navitas, compañía israelí que encabeza el proyecto marítimo Sea Lion, situado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La iniciativa contempla comenzar la extracción de petróleo a partir de 2028 y cuenta con la participación de la británica Rockhopper.
Tras la decisión final de inversión adoptada por ambas compañías a fines de 2025, Argentina convocó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles protestas formales. El Gobierno también objetó las licencias, las normas emitidas por las autoridades isleñas, la convocatoria a proveedores y los incentivos comerciales asociados al proyecto.
La Cancillería advirtió que ninguna guía extranjera ni decisión empresarial puede prevalecer sobre la legislación argentina y el derecho internacional. También señaló que avanzará por todas las vías disponibles contra empresas y particulares que mantengan vínculos comerciales con las islas sin autorización argentina.