La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico para habilitar una mayor participación del capital privado y extranjero en el sector energético. La votación se realizó por unanimidad, después de tres aplazamientos del debate definitivo.

La modificación establece que la generación de electricidad podrá quedar a cargo de la empresa estatal operadora, así como de compañías privadas y sociedades mixtas que cuenten con la autorización correspondiente.

Uno de los cambios centrales es la posibilidad de otorgar concesiones a empresas privadas por un plazo máximo de 25 años. La autorización dependerá del Ministerio de Energía Eléctrica y alcanzará, entre otros casos, a proyectos de generación superiores a los 50 megavatios o que involucren bienes públicos e infraestructura estratégica.

Qué cambia con la nueva legislación

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostuvo durante el debate que la reforma no implica una privatización del sector, sino una apertura para incorporar empresas privadas a la generación y autogeneración de electricidad.

La norma también establece que, una vez finalizadas las concesiones, los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante su vigencia deberán ser restituidos y transferidos a la estatal Corpoelec o a quien designe el Estado, libres de gravámenes.

Otro punto relevante está relacionado con la actividad petrolera. Las compañías del sector deberán garantizar el suministro eléctrico necesario para sus operaciones mediante sistemas propios de generación, cogeneración o contratación de terceros.

En el caso de las empresas petroleras y de las sociedades independientes de generación, no será necesaria una autorización estatal para producir electricidad destinada a sus redes internas, salvo que se conecten al sistema nacional.

La crisis eléctrica, detrás de la reforma

La decisión se produce en un escenario de dificultades estructurales del sistema eléctrico venezolano, con apagones que se intensificaron durante el último año y problemas de suministro en distintas regiones.

Mientras sectores de la oposición y especialistas atribuyen parte de las fallas a la falta de mantenimiento y de inversiones, el Gobierno sostiene que también influyen las sanciones internacionales, los fenómenos climáticos y presuntos sabotajes.

La reforma eléctrica forma parte de una serie de cambios impulsados por el Gobierno de Delcy Rodríguez para atraer capital privado hacia sectores estratégicos de la economía, entre ellos el petróleo, el gas y la electricidad.

La apertura normativa busca facilitar nuevas inversiones, aunque la recuperación efectiva del servicio dependerá de la puesta en marcha de proyectos, el financiamiento y las condiciones de funcionamiento que se establezcan.