Buenos Aires.- Abogados ambientalistas y excombatientes de Argentina en la guerra de 1982 contra Reino Unido por las islas Malvinas presentaron este martes una demanda contra un proyecto de la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper para explotar crudo en aguas cercanas al archipiélago.

La denuncia fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de la ciudad de La Plata (Cecim) ante un juzgado federal de Río Grande, en la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego, de cuyo territorio forman parte las islas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833.

«Es una acción judicial preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva contra las dos petroleras y su proyecto Sea Lion», confirmó a EFE Enrique Viale, presidente de la AAdeAA.

El proyecto ‘offshore’ (costas afuera), que prevé comenzar a extraer crudo en 2028, se ubica en la cuenca petrolera Malvinas norte, a unos 220 kilómetros de las islas, en el Atlántico sur, un espacio que para Argentina está dentro de su plataforma continental y que forma parte de su histórico reclamo de soberanía sobre el archipiélago y las aguas que lo rodean.

La iniciativa recibió el visto bueno del gobierno isleño, al margen de las autoridades argentinas.

Los argumentos de la demanda

La denuncia tiene dos dimensiones: por un lado, denuncia la falta de evaluación de impacto ambiental y la autorización gubernamental exigidas por la legislación argentina; y, por otro, plantea la controversia sobre la soberanía y cómo el proyecto supone una acción unilateral contraria a resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa.

La demanda, a la que tuvo acceso EFE, menciona la resolución 31/49 emitida en 1976 por la Asamblea General de la ONU, en la que se instó a Argentina y Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.

«Sobre un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía. El daño nace de un proyecto hidrocarburífero de enorme escala, ejecutado sin evaluación ni autorización argentinas. La herida es doble. Afecta los ecosistemas. Afecta el derecho del pueblo a decidir y preservar lo propio», afirmaron la AAdeAA y el Cecim.

Riesgo ambiental y soberano

Según la demanda, el proyecto afecta a las ecorregiones del Mar Argentino -aguas del Atlántico bajo jurisdicción argentina- y de las islas del Atlántico sur, áreas que, además, mantienen una «conexión ecológica» con la Antártida.

Se trata de ecosistemas de enorme biodiversidad, con centenares de especies de peces, mamíferos y aves, entre ellas, la ballena franca austral y los pingüinos de Magallanes.

Según los denunciantes, el proyecto Sea Lion implica movimientos del lecho marino, ruido submarino y riesgo de derrames, con efectos que las corrientes marinas pueden extender a diversos sectores del Mar Argentino e, incluso, la Antártida.

La presentación judicial busca evitar el «riesgo ambiental y soberano» antes de que se produzca un daño y el «hecho consumado» sobre un recurso que Argentina reclama como propio.

En la demanda se solicita declarar ilegal el proyecto, suspender las obras e impedir nuevos contratos, desembolsos y transferencias destinados a esta iniciativa.

También, informar de la existencia de una demanda judicial a los organismos de control financiero y a los mercados donde cotizan las petroleras -la Bolsa de Londres, en el caso de Rockhopper; y la de Tel Aviv, en el caso de Navitas-.

Además, se solicita a la Justicia que requiera a las empresas datos sobre bancos, fondos, aseguradoras y otras entidades relacionadas con la financiación del proyecto.

«Es importante identificar quién lo financia porque nuestra idea es, posteriormente, solicitar embargos sobre los bancos y demás financistas e, incluso, las propias petroleras», señaló Viale.