El Gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta levantar seis centros penitenciarios en distintos estados del país, con una capacidad total de 18.480 plazas. La decisión se tomó tras el aumento de las detenciones y una ola de violencia en una cárcel de Sinaloa que dejó 12 muertos.

El Gobierno de México anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios para hacer frente a la sobrepoblación carcelaria, en un contexto marcado por el incremento de las detenciones y los recientes episodios de violencia dentro de las prisiones.

La iniciativa contempla establecimientos en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con la previsión de que la infraestructura esté terminada en los próximos años.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó que durante su administración fueron detenidas unas 70.000 personas, una cifra que incrementó la presión sobre el sistema penitenciario. En ese marco, sostuvo que el Gobierno busca evitar que continúe creciendo el hacinamiento en los establecimientos existentes.

Una capacidad proyectada de más de 18.000 plazas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que los seis centros sumarán una capacidad total de 18.480 plazas.

La primera obra se realizará en Sinaloa, por decisión del Ejecutivo federal, luego de los enfrentamientos registrados en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 muertos.

El nuevo establecimiento tendrá capacidad para alojar a 2.640 personas y será financiado con fondos federales. El proyecto prevé incorporar sistemas modernos de vigilancia, bloqueo de señales de comunicación y módulos diferenciados según el nivel de riesgo de las personas detenidas.

Violencia y hacinamiento, en el centro de la discusión

El anuncio se produce después de los graves incidentes registrados en la prisión de Mazatlán, donde los enfrentamientos dejaron 12 víctimas mortales, entre ellas un niño de dos años que había ingresado al establecimiento durante una visita familiar.

Los hechos volvieron a poner en primer plano los problemas de seguridad y control dentro de los penales mexicanos, además de la presión que genera el crecimiento de la población carcelaria.

La construcción de nuevos establecimientos forma parte de la respuesta oficial ante ese escenario, aunque el desafío también incluye mejorar las condiciones de funcionamiento de las cárceles existentes y garantizar la seguridad de internos, visitantes y personal penitenciario.

Un modelo de gestión pública

Sheinbaum precisó que los nuevos centros serán de gestión pública y no estarán operados por empresas privadas. La administración quedará a cargo de las autoridades penitenciarias federales o de los gobiernos estatales, según corresponda.

El proyecto busca ampliar la infraestructura disponible frente al aumento de la población detenida. Su implementación será clave para determinar en qué medida las nuevas plazas contribuirán a reducir la sobrepoblación y a mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario mexicano.