El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) dispuso, con el apoyo de miembros de los cuerpos castrenses del Estado, una mayor vigilancia en el Monumento Natural Las Dunas de las Calderas.

El Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad informó que, por disposición del ministro Miguel Ceara Hatton, “se ha reforzado y aumentado el patrullaje y vigilancia” en la zona.

Indicó que, además de los guardaparques, en la vigilancia del área protegida interviene el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y una fuerza fija del personal militar designado al MMARN.

También está presente en el patrullaje una fuerza militar de la Armada de República Dominicana“todas dotadas con los medios de movilidad necesarios”.

Explicó que se trata de una fuerza con suficiente personal y recursos para garantizar la seguridad, el patrullaje y vigilancia en el monumento natural.

Recordó que desarrolla, con una inversión de RD 18.9 millones, el proceso de construcción de siete nuevas infraestructuras en Las Dunas, que incluyen: 1 nueva garita y boletería, 1 nuevo centro de vigilancia y protección, 2 nuevos puntos de inspección y 3 torres nuevas de protección y vigilancia.

El Viceministerio de Áreas Protegidas confió en que la próxima semana pueda estar concluida la conformación del Co-Manejo del Monumento Natural Dunas de las Calderas, el cual deberá integrar a representantes de instituciones públicas y privadas interesadas en participar en el acuerdo de gestión compartida de la importante área protegida.

La Dirección Jurídica del MMARN informó recientemente que presentó ante el Ministerio Público una querella con la que procura que se condene a tres años de prisión a dos hombres a los que acusa de talar y quemar en la zona de amortiguamiento de Las Dunas.

En la querella interpuesta ante la Procuraduría Especialidad para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Proedemaren), el ministerio se constituye en actor civil contra Estervino Vizcaino Guerrero y Fausto Vizcaino Rodríguez, responsables de tumbar y quemar árboles en el área de amortiguamiento del monumento natural.

Asimismo, solicita la pena máxima prevista por la norma, que es de 3 años de prisión correccional, según el numeral 1 del artículo 183 de la Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En cuanto a la acción civil, la institución pide que a los imputados se les imponga el pago de 500,000 pesos.

Medio Ambiente acusó a los imputados de violar las disposiciones establecidas en los artículos 66 y 67 de la Constitución de la República, así como los 138, 174, 175 y 183, de la Ley 64-00.