Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) aprobaron este martes ampliar la capacidad de préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y dejar en manos de la institución las decisiones sobre el nivel máximo de créditos y avales que puede conceder.

En concreto, los Veintisiete aprobaron modificar el estatuto del BEI de modo que este pueda fijar su ratio máximo de apalancamiento, que mide el nivel de préstamos y garantías que concede la institución con respecto al capital suscrito, las reservas, provisiones y beneficios y pérdidas que tiene.

La junta de gobernadores del BEI -compuesta por los propios ministros de Finanzas de la UE- decidió en junio del año pasado elevar el ratio máximo permitido del 250 % actual al 290 %, pero para ejecutar este aumento era necesario el cambio de estatuto aprobado hoy.

«Esta enmienda busca ofrecer al BEI más margen para invertir y apoyar las prioridades de la Unión Europea sin comprometer su estabilidad financiera», dijo en un comunicado el Consejo de la UE, institución que representa a los Estados.

Responder mejor a las «necesidades de inversión de Europa»
De este modo, la institución que preside la española Nadia Calviño podrá «responder mejor a las necesidades de inversión de Europa, responder a retos globales y reforzar su papel en el panorama geopolítico cambiante» contribuyendo a la productividad, cohesión, acción climática o seguridad del continente, añadió el ministro polaco de Finanzas, Andrzej Domanski, cuyo país preside este semestre el Consejo.

El cambio de estatuto se produce después de que el G20 recomendase a los bancos de desarrollo multilateral eliminar los límites de préstamo de sus estatutos, dando por tanto a sus órganos de gobierno la autoridad total en este sentido, indicaron en un comunicado.

El movimiento se enmarca además dentro de la estrategia europea para reforzar el papel del BEI en la financiación de nuevas prioridades comunitarias, en particular, el impulso a la defensa y a la competitividad económica de la UE.

En esta línea, el BEI modificó sus reglas el año pasado para ampliar el rango de inversiones posibles en defensa, dentro de los límites que solo le autorizan a invertir en bienes de uso dual -civil y militar-, y Calviño ha anunciado que volverá a revisar los criterios de elegibilidad con el fin de extender aún más esta posibilidad, después de que una veintena de países reclamasen un mayor papel del banco en este área.

Simplificar los informes fiscales de las multinacionales

Por otra parte, los gobiernos de la UE acordaron este martes nuevas normas que simplifican las obligaciones de información a cargo de las multinacionales en el marco del tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades acordado a nivel global en la OCDE, según informó en un comunicado el Consejo de la Unión Europea.

El acuerdo, alcanzado por los ministros de Finanzas de los Veintisiete, modifica la directiva europea de cooperación administrativa en materia de fiscalidad (DAC9) y, además de dicha simplificación, refuerza el intercambio de información entre autoridades tributarias nacionales.

De esta forma, las multinacionales que están sujetas al pacto de la OCDE dispondrán de un «formulario estándar» para comunicar la información fiscal necesaria a fin de garantizar un «funcionamiento adecuado» de este tipo mínimo del 15 %.

«Las compañías tendrán un formato único para trasladar la información relevante y las autoridades tributarias de los Estados miembros cooperarán de manera cercana para intercambiar la información. Esto simplificará significativamente el proceso y reducirá la carga administrativa tanto para las autoridades fiscales como para las empresas», destacó el ministro polaco de Finanzas, Andrzej Domanski, cuyo país ostenta la presidencia de turno de la UE este semestre.

En concreto, están sujetas a este tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades las multinacionales y empresas nacionales con una facturación anual combinada de al menos 750 millones de euros.

En la actualidad, cada firma que forme parte de una multinacional tiene que comunicar su información fiscal a las autoridades tributarias de cada país en el que tienen actividad, un proceso que «puede ser complicado y consumir demasiado tiempo», justificaba la Comisión Europea cuando presentó la propuesta, en octubre del pasado año.

Con los cambios, las multinacionales podrán centralizar la comunicación de estos datos fiscales para todo el grupo.

Todos los Estados miembros de la UE, incluidos aquellos que optaron por retrasar la adopción a nivel nacional del tipo mínimo de la OCDE, tendrán que trasladar estas nuevas normas de cooperación administrativa a sus legislaciones nacionales antes del 31 de diciembre de este año.