Bogotá.- El Gobierno de Colombia autorizó de manera excepcional a los departamentos y municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto a utilizar recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción.

La decisión fue anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella dentro de un paquete de once decretos presentado cuando falta poco para que se cumpla un mes del sismo, de magnitud 7,4. El terremoto impactó a 494 municipios de 16 departamentos y dejó, según el balance oficial, 331 muertos, 4.439 heridos y 240 personas desaparecidas.

El Ejecutivo habilitó por única vez un plazo extraordinario para que las administraciones territoriales accedan al Fonpet. El uso de esos fondos estará sujeto a las condiciones fijadas en el decreto y a criterios de responsabilidad fiscal.

Un fondo para la recuperación y la reconstrucción

El mandatario sostuvo que alcaldes y gobernadores se encuentran en la primera línea de respuesta y necesitan herramientas financieras para atender las necesidades de sus comunidades. La medida busca facilitar la ejecución de obras y servicios durante la transición entre la atención inmediata y la recuperación de las zonas afectadas.

El paquete también contempla la creación del Fondo Patria Milagro, destinado a canalizar y administrar recursos nacionales e internacionales para las tareas de reconstrucción. De acuerdo con las estimaciones del Gobierno, las obras necesarias requerirán más de 30 billones de pesos, equivalentes a unos 9.500 millones de dólares.

Entre las disposiciones se incluye la asignación temporal de recursos para ayudar a garantizar el suministro de energía en las áreas golpeadas. Además, se implementará una modalidad especial de obras por impuestos, mediante la cual empresas privadas podrán financiar proyectos y descontar posteriormente esos aportes de sus obligaciones tributarias.

Otra medida permitirá que una entidad territorial financie o cofinancie proyectos fuera de sus límites administrativos, siempre que estén vinculados con la emergencia y cumplan las condiciones establecidas. El Gobierno argumentó que los daños no se limitan a una jurisdicción, ya que una obra en un municipio puede ser decisiva para restablecer la movilidad, los servicios públicos y la actividad económica de toda una región.

Educación, datos y atención a las familias

Los decretos establecen además un régimen temporal para que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística gestione información reservada y mejore la identificación de las familias afectadas. El objetivo es focalizar con mayor precisión la ayuda pública.

En el ámbito educativo, las instituciones dañadas podrán funcionar temporalmente en espacios alternativos mientras se recuperan sus sedes. También se flexibilizará el calendario académico en los establecimientos ubicados en las zonas más afectadas.

El Gobierno señaló que la nueva etapa estará centrada en la ejecución y que los recursos extraordinarios deberán traducirse en soluciones concretas para las comunidades.