Toronto.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este martes que su Gobierno no podrá aplicar la Ley de Claridad a la consulta que realizará en octubre de este año la provincia de Alberta, sobre un posible referéndum secesionista.

Carney afirmó que los expertos gubernamentales le han informado de que la Ley de Claridad, aprobada por el Gobierno federal tras el referéndum soberanista de Quebec de 1995 y que otorga al Parlamento canadiense la potestad de determinar la validez del resultado de una consulta secesionista, no puede ser aplicada en este caso.

El arquitecto de la ley, Stéphane Dion, ya había advertido que Ottawa no podría usar la legislación porque la consulta anunciada por Alberta no plantea directamente la secesión, sino el inicio de un proceso para celebrar un futuro referéndum vinculante.

Pero Carney también aseguró a preguntas de los diputados del separatista Bloque Quebequés (BQ) que un posible referéndum secesionista no podría ser ganado por los independentistas simplemente con el «50 % más uno».

«Bajo la Ley de Claridad, debe existir una expresión clara de voluntad por parte de una mayoría clara de los ciudadanos de la provincia para que exista un voto sincero sobre la secesión de Canadá», afirmó Carney.

«Hay que respetar la democracia, la legislación parlamentaria y las decisiones del Tribunal Supremo de Canadá. Bajo la Ley de Claridad, la Cámara de los Comunes debe considerar factores como el tamaño de la mayoría obtenida a favor de la secesión y el porcentaje de electores que participaron en el referéndum», añadió el jefe del Ejecutivo.

Una nueva encuesta
La mayoría de los habitantes de la provincia canadiense de Alberta votaría en contra de iniciar el proceso para un referéndum vinculante sobre la separación de Canadá, aunque el apoyo al soberanismo sigue siendo significativo, señaló una nueva encuesta realizada en la última semana.

El sondeo, realizado por el instituto Angus Reid entre el 22 y el 24 de mayo entre 800 adultos de Alberta con un margen de error del 3 %, indica que el 60 % votaría «no» a la pregunta oficial propuesta por la primera ministra provincial, la conservadora populista Danielle Smith, frente a un 35 % que apoyaría avanzar hacia un referéndum vinculante de secesión.

Cuando la consulta se formula de manera más directa, si Alberta debería abandonar o permanecer en Canadá, el respaldo a la permanencia aumenta hasta el 67 %, mientras que un 30 % optaría por separarse del país.

La encuesta se publica pocos días después de que Smith anunciara que el 19 de octubre los habitantes de Alberta votarán para decidir si el Gobierno provincial debe iniciar el proceso legal para convocar un referéndum vinculante sobre la independencia de la provincia.

Un 51 % de los encuestados señala que la pregunta «¿Debe Alberta seguir siendo una provincia de Canadá o debería el Gobierno de Alberta iniciar el proceso legal requerido por la Constitución canadiense para celebrar un referéndum provincial vinculante sobre si Alberta debería separarse de Canadá?» es «confusa».

Solo un 31 % cree que Smith realmente quiere que Alberta permanezca en Canadá, mientras que el 40 % opina que su principal motivación es mantenerse en el poder.

En contra de la consulta
Asimismo, Carney, que además es originario de Alberta, señaló que la decisión de Smith de convocar una consulta en octubre puede ser «un farol muy peligroso» y comparó el debate con el Brexit y los referendos de Quebec.

«En cuestiones de separación, a menudo se plantea que se debe votar a favor porque es una opción sin coste. Ese es un farol muy peligroso”, declaró Carney, quien también cuestionó que exista un mandato democrático claro para celebrar la consulta.

Carney también ha advertido que Ottawa está revisando la consulta convocada por Smith en caso de que sea necesario activar la Ley de la Claridad, aprobada por el Gobierno federal tras el referéndum soberanista de Quebec de 1995.

La convocatoria del referéndum se produce tras meses de presión del movimiento soberanista de Alberta, fortalecido por el descontento de parte de la población con las políticas federales sobre energía y cambio climático.

Alberta, una de las provincias más ricas del país y con algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, acusa desde hace años a Ottawa de obstaculizar el desarrollo de su industria energética y redistribuir injustamente su riqueza hacia otras regiones.