Guayaquil (Ecuador).- Abdalá Bucaram condenado a nueve años y cuatro meses de prisión por un tribunal de Ecuador, que lo declaró responsable, en calidad de colaborador, del delito de delincuencia organizada. La sentencia está relacionada con la comercialización irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
La misma pena fue impuesta a su hijo Jacobo Bucaram, quien también fue considerado colaborador dentro de la estructura investigada. Ambos deberán cumplir nueve años y cuatro meses de cárcel, según la decisión adoptada por los jueces.
Otros dos procesados recibieron penas mayores
En el mismo proceso fueron condenados Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, y el ciudadano israelí Sheinman Oren. A diferencia de Bucaram y su hijo, el tribunal los consideró autores del delito y les impuso una pena de trece años y cuatro meses de prisión a cada uno.
La resolución judicial aceptó la teoría planteada por la fiscal a cargo del caso, quien había solicitado en mayo una condena para los cuatro procesados. Según la acusación, los involucrados colaboraron entre marzo y agosto de 2020 con una organización que obtuvo beneficios económicos mediante la venta de productos médicos durante la crisis sanitaria.
La investigación se concentró en la comercialización de aproximadamente 21.000 pruebas destinadas a la detección del coronavirus, además de otros insumos utilizados en el contexto de la pandemia. La Fiscalía sostuvo que esas operaciones se desarrollaron de manera irregular y generaron ganancias para la estructura delictiva.
Un nuevo fallo contra el expresidente
Bucaram ejerció la Presidencia de Ecuador entre 1996 y 1997, un periodo interrumpido luego de que el Congreso lo declarara incapaz para gobernar. Desde entonces, el exmandatario ha enfrentado distintos procesos judiciales y señalamientos públicos, aunque este fallo corresponde específicamente a los hechos vinculados con la venta de pruebas y materiales médicos durante 2020.
La sentencia establece responsabilidades diferenciadas para los cuatro acusados, de acuerdo con el papel que, según los jueces, tuvo cada uno dentro de la operación. Bucaram y su hijo fueron considerados colaboradores, mientras que Berrones y Oren recibieron la calificación de autores.