El gobierno del presidente Joe Biden anunció el jueves que una nueva lista de casos pendientes a los que se les dará un trato agilizado en los tribunales de inmigración de Estados Unidos reducirá de años a meses el tiempo necesario para resolver las solicitudes de asilo de algunos adultos solteros.

Los inmigrantes que se establezcan en cinco ciudades —Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York— serán incluidos en una “lista de recién llegados” con la que se pretende que los jueces resuelvan sus solicitudes en 180 días, en lugar de los aproximadamente cuatro años que se requieren actualmente. Se cree que la congestión en los tribunales es un incentivo relevante para que vengan más personas al país, especialmente aquellas cuyas peticiones carecen de un fundamento sólido.

El Departamento de Justicia ha asignado 10 jueces a esta iniciativa. Las autoridades dijeron que no sabían cuántos casos tramitarían, lo que dificulta evaluar el impacto potencial.

Funcionarios gubernamentales dijeron que el fracaso de un amplio proyecto de ley del Senado este año explica la ausencia de medidas más audaces, una línea de ataque ya bien conocida contra los republicanos, quienes han aprovechado el arribo de personas en cantidades sin precedentes a la frontera sur de Estados Unidos para criticar la forma en que Biden ha manejado el tema de la inmigración en un año electoral.

“Esta medida administrativa no sustituye a los cambios radicales y muy necesarios que aportaría el proyecto de ley bipartidista del Senado, pero a falta de una acción del Congreso haremos lo que podamos para hacer cumplir la ley de la forma más eficaz y desalentar la migración irregular”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Las autoridades dijeron que las cinco ciudades anteriormente mencionadas fueron elegidas porque allí los jueces tenían cierta disponibilidad para atender casos y porque eran algunos de los principales destinos para los migrantes.

Luego de seis meses de haber llegado a Estados Unidos, los solicitantes de asilo ya son elegibles para obtener un permiso de trabajo, lo que, según los críticos, es un incentivo para venir, incluso si sus solicitudes carecen de argumentos válidos. Cuanto más tiempo pasen en el país y hayan establecido lazos familiares o comunitarios, mayor oposición habrá a que sean devueltos a su país de origen.

Durante años, el gobierno ha intentado que los recién llegados que solicitan asilo sean los primeros en ser examinados, con la esperanza de deportar en cuestión de meses a aquellos cuyas solicitudes sean denegadas, en lugar de años. Los gobiernos de los presidentes Barack Obama y Donald Trump también intentaron acelerar algunos casos por una vía distinta que se remonta a 2014.

En 2021, el gobierno de Biden introdujo una “lista de espera específica” para que las peticiones de asilo presentadas por familias en 10 ciudades pudieran ser colocadas en el primer lugar de la fila de los casos a ser examinados, y que sus casos pudieran resolverse en un plazo de 300 días. En 2022, el gobierno de Biden introdujo un plan para que los funcionarios encargados de tramitar el asilo —y no los jueces de inmigración— decidieran sobre un número limitado de solicitudes familiares en nueve ciudades.

Dana Leigh Marks, quien se jubiló en 2021 después de 35 años como jueza de inmigración, dijo que los solicitantes de asilo, incluso los que pueden pagar, no han podido contratar abogados bajo las anteriores “listas de espera expeditas” porque no había tiempo suficiente. Marks también dijo que esas iniciativas no consiguieron frenar la inmigración.

“Es una respuesta política porque el problema es enorme y la gente está preocupada, pero en realidad lo único que hace es aplicar una banda adhesiva sanitaria para una herida abierta”, dijo Marks. “Nunca ha funcionado en el pasado y no hay razón para pensar que esta vez vaya a ser diferente”.

El número de casos pendientes en los tribunales de inmigración ha aumentado hasta 3,6 millones. Hay unos 600 jueces en 68 tribunales. El plan anunciado el jueves no incluiría fondos para incrementar el número de jueces.

El anuncio fue dado a conocer una semana después de que se introdujera otra política nueva dirigida a un número limitado de solicitantes de asilo, la cual busca rechazar sus solicitudes en una fase más temprana del proceso si se considera que estas personas son una amenaza para la seguridad pública.