ATLANTA —  

Algunos senadores de Georgia quieren castigar a las ciudades y condados que, según argumentan, están acogiendo ilegalmente a migrantes que se encuentran en el país sin permiso, mediante recortes a la mayor parte del apoyo estatal brindado a los gobiernos locales y destituyendo a funcionarios electos.

La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó el miércoles por votación de 4-1 volver a redactar el proyecto de ley 301 de la Cámara de Representantes. Los partidarios de esta resolución afirman que es necesaria para hacer cumplir una ley estatal de 2009 que proscribe las llamadas ciudades y condados santuario.

Se trata de la propuesta más reciente de los republicanos después de que la policía acusara a un hombre venezolano de matar a golpes a una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia.

José Ibarra fue detenido el mes pasado acusado de asesinato y agresión por la muerte de Laken Riley, de 22 años. Las autoridades de inmigración dicen que Ibarra, de 26 años, entró ilegalmente en Estados Unidos en 2022. No está claro si había solicitado asilo.

Riley era estudiante de enfermería en el campus de Athens de la Universidad de Augusta. La encontraron muerta el 22 de febrero después de que una compañera de habitación informara que no había regresado tras salir a correr por la mañana en una zona boscosa.

La comisión del Senado reescribió por completo una propuesta de ley que anteriormente regulaba las sanciones por infracciones de velocidad emitidas por cámaras automáticas. La senadora estatal demócrata Kim Jackson se quejó de que no había tenido tiempo de leer el nuevo texto antes de la reunión, y dijo que eso había sido “frustrante y decepcionante”.

El nuevo proyecto de ley permitiría a cualquier habitante de Georgia demandar y pedir que un juez declare que una ciudad o un condado está infringiendo la ley de 2009. Si el juez le da la razón, el estado recortaría el apoyo estatal, así como la ayuda federal que gestiona, con la excepción de una breve lista de servicios de salud y de emergencia. Por ejemplo, un condado o ciudad no recibiría fondos del estado para la construcción y el mantenimiento de las carreteras.

Los jueces podrían restablecer la financiación si un gobierno local deroga la política infractora. En ese caso, el juez tendría que emitir una orden permanente que impida al gobierno volver a adoptar cualquier política de santuario.

El proyecto de ley también contempla la remoción de funcionarios locales elegidos en el caso en que las ciudades o los condados adopten políticas de santuario, y permite que cualquier habitante de Georgia presente una queja ante la Junta de Asuntos Comunitarios. La junta realizaría una audiencia para determinar si el funcionario está infringiendo la ley estatal y recomendaría al gobernador suspender o no al funcionario. El gobernador podría entonces destituir el funcionario y asignar a un sustituto.