El informe “Monitor de la frontera” de mayo de 2025 señala que ha aumentado la participación de nuevos proyectos en las solicitudes recibidas hasta un 36.9% del total, para un incremento de 51.5% en relación con septiembre 2023.
Santo Domingo, República Dominicana (Junio de 2025). En relación con las solicitudes de exención para acogerse a los beneficios de la Ley No. 12-21, que crea la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo, se destaca el incremento de nuevos proyectos, que ahora representan el 36.9% del total de solicitudes recibidas a mayo 2025, de acuerdo al informe “Monitor de la frontera” correspondiente al referido mes .
Esta publicación mensual, realizada por la Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, explica que, hasta mayo del 2025, el Ministerio de Economía había evaluado 90 propuestas de proyectos que desean operar bajo el régimen de incentivos de la ley 12-21, de las cuales el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF) ha aprobado 84.
Agrega que, de las empresas aprobadas, casi 9 de cada 10 empresas se encuentran dentro de la parte norte de la zona fronteriza, la mayor parte de estas en la provincia Monte Cristi (64.3 %), seguida de Santiago Rodríguez (13.1 %) y Dajabón (10.7 %).
En cuanto a la actividad económica de los proyectos postulados bajo el nuevo régimen de la ley 12-21, la mayor parte de estos se dedican a actividades agropecuarias (42.9 %), seguido por aquellos que se dedican a actividades manufactureras (34.5 %).
Respecto a la generación de empleo, el documento señala que se prevé que bajo el nuevo régimen de incentivos se genere un total de empleos superior a los 13,500, por encima de la cifra de empleos para la anterior ley 28-01.
Vínculos con prioridades de desarrollo
El informe “Monitor de la frontera” indica sobre la vinculación de los proyectos con las prioridades de desarrollo local que 7 de cada 10 presentan actividades alineadas con los lineamientos definidos por los Consejos Provinciales de Desarrollo de cada territorio.
De acuerdo con lo establecido en la ley 12-21 y su reglamento de aplicación, las empresas beneficiarias están obligadas a formular un Plan de Compromiso Social (PCS), el cual busca generar un impacto positivo en las comunidades aledañas a la zona donde opera la empresa, idealmente alineado con las principales necesidades del territorio. La publicación detalla que el monto total destinado a los PCS por estos proyectos asciende a RD$ 953.2 millones, con un promedio de RD$ 11.3 millones por empresa.
Con el objetivo de reducir los proyectos sin sector definido, estandarizar el proceso de formulación, facilitar el cumplimiento de las obligaciones sociales y maximizar el impacto territorial, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) ha diseñado la Guía de orientación para formular el Plan de Compromiso Social. A su vez, se desarrollan iniciativas complementarias para brindar mayor acompañamiento a las empresas y fortalecer la alineación de los PCS con los diagnósticos y prioridades territoriales.
Fuente; Mepyd
