La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador suspendió este jueves el debate de la reforma del código penal ante la polémica por la intención del correísmo de modificar el esquema de revisión de penas, lo que a criterio de sus detractores abriría la puerta a beneficiar al expresidente Rafael Correa (2007-2017), inhabilitado y condenado a ocho años de cárcel por cohecho en 2020.

El proyecto de ley que se comenzó a debatir en el pleno del Legislativo ecuatoriano planteaba modificar 86 artículos, una disposición general, cuatro disposiciones transitorias, otras cuatro disposiciones transitorias y una disposición final que también reformaba el sistema procesal penal.

Con ello se pretendía eliminar los beneficios penitenciarios en delitos graves como el femicidio, hacer imprescriptibles otros delitos, así como aumentar las penas y las circunstancias agravantes en otros, y tipificar dos nuevos delitos: la propagación intencional de enfermedades infecto-contagiosas y el feminicidio.

Entre los delitos a los que se busca aumentar las penas están los de sicariato (asesinato por encargo), secuestro, secuestro extorsivo, terrorismo, delincuencia organizada, tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico de migrantes, violación de derechos humanos y reclutamiento de menores para bandas delictivas, entre otros.

Sin embargo, todo el planteamiento quedó en el aire a expensas de la propuesta de la Revolución Ciudadana, el movimiento que lidera el expresidente Correa, para permitir recursos de revisión que sean evaluados por organizaciones internacionales.

En este punto, no existió el consenso para votar la reforma, pues fuerzas como Construye, que tenía como candidato presidencial al asesinado Fernando Villavicencio, solicitó archivar todo el texto y elaborar uno nuevo.

El asambleísta del movimiento Construye Jorge Peñafiel aseguró que la Asamblea Nacional está ante una reforma que no busca combatir la delincuencia, «pues esta reforma al código penal lo que pretende es meternos gato por liebre» y así «dar impunidad a los prófugos de este país».

«Lo que se busca con esta reforma es quitarle el poder de la información a una institución técnica, como es la Fiscalía, y otorgarle ese poder a la política, y allí está el peligro de la reforma. La justicia dependerá de los políticos. Hay que archivar este caramelo con cianuro», sostuvo Peñafiel.

Por su parte, la portavoz de Revolución Ciudadana Viviana Veloz respondió que «no hay intención de favorecer al expresidente Rafael Correa».

«No entendemos la preocupación de cierto sector político. Quizá la preocupación sea que jueces con altos estándares internacionales revisen sentencias que en este país se dieron de manera espuria de muchísimos ciudadanos que han sido afectados sus derechos», dijo Veloz.

La parlamentaria correísta argumentó que la modificación que proponen deja en manos de la Corte Nacional (Suprema) la admisibilidad de elevar el recurso de revisión de pena a instancias internacionales.

Desde un inicio el exmandatario ha denunciado ser víctima de ‘lawfare’ y de una persecución política, por lo que cuenta con la condición de refugiado en Bélgica.

En la víspera del debate en la Asamblea, la Fiscalía General del Estado expresó en un comunicado su preocupación y su rechazo ante el intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador, a través de la inclusión de figuras que provocarán la impunidad en causas penales que cuentan ya con sentencias condenatorias ejecutoriadas.

El Ministerio Público, liderado por la fiscal general Diana Salazar, que llevó la acusación contra Correa, cuestionó «el propósito de incluir como causal del recurso de revisión un nuevo análisis sobre vicios procesales y pronunciamientos de comités de Derechos Humanos, que no tienen la misma validez que una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

«No solo va en contra del sentido y finalidad misma de este recurso, sino que –además– irrespeta la institución de cosa juzgada, cuya decisión únicamente admite reforma en circunstancias excepcionalísimas, pues si banalizamos su procedencia, todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor, abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia condenatoria ejecutoriada sea puesto en libertad», dijo la Fiscalía.

Asimismo, el Ministerio Público criticó los planteamientos para «obligar a la Fiscalía a archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito» y «exigir a esta institución la entrega de información que reposa en sus expedientes y que –por norma– cuenta con una cláusula de reserva, cuyo fin precisamente descansa en procurar efectividad en la persecución del delito».