La Policía Federal de Brasil acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro de asociación criminal y de falsificar sus propios datos de vacunación contra el COVID-19, la primera acusación contra el asediado líder de extrema derecha, con otras potencialmente en camino.

La Corte Suprema publicó el martes la acusación de la policía, según la cual Bolsonaro y otras 16 personas insertaron información falsa en la base de datos de salud pública para que pareciera que el entonces presidente, su hija de 12 años y varios otros en su círculo se habían vacunado contra el coronavirus.

El detective de la policía Fábio Alvarez Shor, que firmó el acta de acusación, dijo en su informe que Bolsonaro y sus colaboradores alteraron sus registros de vacunación con el fin de “emitir sus respectivos certificados (de vacunación) y usarlos para burlar las restricciones de salud vigentes”.

“La investigación halló varias inserciones entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, y también muchas acciones con uso de documentos fraudulentos”, añadió Shor.

Durante la pandemia, Bolsonaro era uno de los pocos mandatarios en el mundo que se oponía a la vacuna, se burlaba abiertamente de las restricciones sanitarias y exhortaba a la sociedad a seguir su ejemplo. Su gobierno ignoró varias ofertas de la empresa farmacéutica Pfizer de vender a Brasil decenas de millones de vacunas en 2020 y criticó al entonces gobernador del estado de Sao Paulo, João Doria, por comprar vacunas a la empresa china Sinovac cuando no había otras disponibles.

La oficina del procurador general tendrá la última palabra para decidir si presenta cargos contra Bolsonaro ante el Supremo Tribunal Federal. El expresidente, que gobernó de 2019 a 2022, es objeto de varias investigaciones.

El abogado de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, calificó la acusación de “absurda” y dijo que no tenía acceso a ella.

“Cuando era presidente, estaba totalmente exonerado de mostrar certificado alguno en sus viajes. Esta es una persecución política y un intento de desconocer el enorme capital político que ha crecido”, dijo Wajngarten.

El expresidente negó haber cometido delito alguno durante un interrogatorio en mayo de 2023.

La policía acusa a Bolsonaro y sus colaboradores de ingresar a la base de daros del Ministerio de Salud poco antes de viajar a Estados Unidos en diciembre de 2022. Dos meses antes, había perdido su intento de reelección, vencido por Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro necesitaba un certificado de vacunación para entrar a Estados Unidos, donde permaneció durante los últimos días de su mandato y los primeros meses del de Lula.

La condena por falsificar los datos de salud podría llegar a entre dos y 12 años de prisión, según el analista legal Zilan Costa. La pena mayor por asociación criminal sería de cuatro años de prisión.

“Lo que argumentará Bolsonaro en este caso es si insertó los datos o permitió que otros lo hicieran, o no. Y esto es muy sencillo: tienes las pruebas o no las tienes. Es un crimen muy grave con una sentencia muy dura para los condenados”, dijo Costa a The Associated Press.

Shor dijo que aguarda información del Departamento de Justicia de Estados Unidos para “clarificar si los que están bajo investigación utilizaron certificados de vacunación falsos a su arribo y durante su permanencia en territorio estadounidense”.

En ese caso, se podrían presentar nuevas acusaciones contra Bolsonaro, dijo Schor, sin aclarar en qué país se haría.

Bolsonaro, de 68 años, conserva la fuerte adhesión de su base, como lo demostró una concentración de 185.000 personas en la arteria principal de Sao Paulo para denunciar lo que ellos —y el expresidente— llaman su persecución política.

El tribunal electoral supremo ya ha inhabilitado a Bolsonaro hasta 2030 por abuso de poder durante la campaña de 2022 y sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica.

También se investiga a Bolsonaro por supuestamente tratar de introducir en el país dos juegos de joyas de diamantes e impedir que se las incorpore a la colección pública de la presidencia. Otra se relaciona con su presunta participación en la insurrección del 8 de enero de 2023 en Brasilia, poco después de la juramentación de Lula. Bolsonaro rechaza todas las acusaciones.

Shor escribió que la acusación será incluida en la investigación del 8 de enero, que es supervisada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Este juez autorizó que se publicara la acusación.