Buenos Aires.- El veto del presidente de Argentina, Javier Milei, a la ley de financiación de la educación superior quedó en firme, luego de que este miércoles no se reunieran los votos necesarios en la Cámara de Diputados para rechazar la decisión del jefe de Estado.

El veto presidencial se mantiene porque no se lograron los dos tercios de los votos en la Cámara Baja para revertirlo.

Un total de 160 diputados votaron en contra del veto, 84 lo hicieron a favor y cinco parlamentarios se abstuvieron.

¿En qué consiste?

El oficialismo, minoritario en el Parlamento de Argentina , consiguió sostener el veto presidencial gracias al apoyo de legisladores del partido de centroderecha Propuesta Republicana (Pro), que lidera el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), aliado de Javier Milei.

La ley de financiación universitaria, aprobada por el Congreso el pasado 13 de septiembre, establecía actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del índice de inflación, que en agosto se ubicó en el 236,7 % interanual.

Asimismo, ordenaba una recomposición de los salarios universitarios, también teniendo en cuenta la inflación.

La defensa de Milei al veto a la ley de educación

Mientras tanto, el presidente de Argentina, Javier Milei, defendió este miércoles su veto en paralelo con importantes protestas.

“El aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política, ignorar la restricción de presupuesto y volver a los niveles de Riesgo País del kirchnerismo”, dijo Milei al encabezar la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

De acuerdo al mandatario, mantener la ley de financiación para gastos de funcionamiento universitario haría perder a Argentina un tercio de su Producto Bruto Interno (PBI), donde pasaría de “600.000 millones de dólares a uno de 400.000 millones”.

“Nos haría perder 200.000 millones de dólares”

“Volver a las andadas de la mala política fiscal nos haría perder 200.000 millones de dólares”, señaló el presidente Milei en el evento.

La ley en cuestión propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023, que fue prorrogado por el Gobierno, según la inflación acumulada ese año, que fue del 211,4 %, para aplicar un aumento bimestral en concordancia con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para este año tendría un costo fiscal de 0,14 % del PBI, unos 757,5 millones de dólares, según un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Una de las discusiones en medio del conflicto por las actualizaciones de partidas a la educación superior es la falta de control y auditorías a las universidades públicas, que según dijo hoy Milei, no se realizan “hace casi 10 años”.

Milei: “Es valorizar la educación pública”

“Lo único que estamos pidiendo es auditarlos, pero parece que eso es poner en riesgo la educación pública. No, todo lo contrario, es valorizar la educación pública. Claramente, podrían mostrar los números, pero no lo quieren hacer y por algo debe ser entonces”, argumentó el jefe de Estado.

Mientras tanto, los últimos informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) revelan que la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se realizaron en 2023.

En 2022, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende de Presidencia y tiene bajo su órbita a la AGN, fue limitada en su accionar por el gobierno del expresidente Alberto Fernández.

De todas maneras, las universidades nacionales tienen sus aparatos de control que llevan a cabo a auditorías internas, cuyos últimos antecedentes disponibles datan del año pasado.

Debate ante protestas

El Congreso argentino se encuentra vallado bajo un fuerte operativo policial debido a la protesta de organizaciones sociales, estudiantes y docentes universitarios contra el veto presidencial de la normativa aprobada el 13 de septiembre.

El conflicto comenzó a principios de 2024 con protestas de profesores, personal no docente y estudiantes ante la decisión del Gobierno de no actualizar el presupuesto a las universidades públicas. Esto generó una movilización masiva que llevó al Ejecutivo a otorgar fondos adicionales que permitieron mantener los edificios operativos.