El caso más importante en décadas sobre indigencia ha llegado a la Corte Suprema cuando un número récord de personas en Estados Unidos carecen de un lugar permanente para vivir.

Hoy lunes, los jueces considerarán una impugnación de los fallos de un tribunal de apelaciones con sede en California que determinó que castigar a las personas por dormir a la intemperie cuando falta espacio en un albergue equivale a un castigo cruel e inusual que es inconstitucional.

Una muestra representativa de funcionarios del oeste del país y de California, donde se asienta casi un tercio de la población sin hogar del país, argumenta que esas decisiones les han impedido adoptar medidas de “sentido común” destinadas a evitar que los campamentos de los indigentes se apoderen de parques y aceras públicas.

Los grupos de defensa consideran que las decisiones brindan protecciones legales esenciales, especialmente con un número cada vez mayor de personas que se ven obligadas a dormir a la intemperie a medida que aumenta el costo de la vivienda.

El caso ante la Corte Suprema proviene de Grants Pass, una pequeña ciudad enclavada en las montañas del sur de Oregon, donde el precio de los alquileres están en aumento y sólo hay un albergue para adultos para pasar la noche. A medida que un número creciente de tiendas de campaña se amontonaron en sus parques, la ciudad prohibió acampar y fijó multas de 295 dólares a quienes durmieran allí.

La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito bloqueó en gran medida la prohibición de acampar al considerar que es inconstitucional castigar a las personas por dormir a la intemperie cuando no hay espacios adecuados para refugiarse. Grants Pass apeló ante la Corte Suprema, con el argumento de que el fallo le dejaba pocas opciones buenas.

“Realmente ha hecho imposible que las ciudades aborden los campamentos crecientes, y son inseguros, insalubres y problemáticos para todos, especialmente para quienes viven sin techo”, dijo la abogada Theane Evangelis, quien representa a Grants Pass.

La ciudad también impugna una decisión de 2018, conocida como Martin v. Boise, que por primera vez bloqueó las prohibiciones de acampar si falta espacio en los albergues. Fue emitida por el Noveno Circuito, con sede en San Francisco, y se aplica a los nueve estados occidentales bajo su jurisdicción. La Corte Suprema se negó a aceptar una impugnación diferente del fallo en 2019, antes de la solidificación de su actual mayoría conservadora.

Si se revoca la decisión, los defensores dicen que facilitará a las ciudades lidiar con los desamparados mediante arrestos y multas en lugar de ayudar a la gente a conseguir refugio y vivienda.

“En Grants Pass y en todo Estados Unidos, la falta de vivienda ha aumentado porque cada vez más personas que trabajan duro tienen dificultades para pagar el alquiler, no porque carezcamos de formas de castigar a la gente que duerme a la intemperie”, dijo Jesse Rabinowitz, director de campaña y comunicaciones del National Homeless Law Center. Las leyes locales que prohíben dormir en espacios públicos han aumentado al menos un 50% desde 2006, agregó.

El caso se produce después que la cantidad de indigentes en Estados Unidos creciera un 12%, hasta su nivel más alto reportado, ya que el aumento del precio de los alquileres y una disminución de la asistencia por la pandemia de COVID-19 se combinaron para dejar la vivienda fuera del alcance de más personas, según datos federales. Cuatro de cada 10 indigentes duermen al aire libre, según un informe federal.

Se estima que hay más de 650.000 personas en indigencia, la mayor cantidad desde que el país comenzó a utilizar la encuesta anual Point-in-Time Count en 2007. Las personas de raza negra, las personas LGBTQ+ y los adultos mayores se ven afectados de manera desproporcionada, dijeron los defensores.

Dos de los cuatro estados con las mayores poblaciones de indigentes del país, Washington y California, están en el oeste. Las autoridades de ciudades como Los Ángeles y San Francisco señalan que no quieren castigar a las personas simplemente porque se ven obligadas a dormir a la intemperie, pero que las ciudades necesitan tener la capacidad de mantener bajo control los campamentos crecientes.

“No quiero penalizar jamás la condición de indigente, pero quiero poder alentar a la gente a aceptar servicios y refugio”, dijo Thien Ho, el fiscal de distrito de Sacramento, California, donde el número de desamparados ha aumentado considerablemente en los últimos años.

San Francisco afirma que se le ha impedido hacer cumplir las regulaciones para acampar debido a que la ciudad no tiene suficiente espacio de refugio para toda su población indigente, algo que estima que proveer costaría 1.500 millones de dólares.

“Estos campamentos frecuentemente bloquean las aceras, impiden que los empleados limpien las vías públicas y crean riesgos de salud y seguridad tanto para las personas sin hogar como para el público en general”, escribieron los abogados de la ciudad. Los trabajadores de la ciudad también se han topado con cuchillos, tráfico de drogas y gente beligerante en los campamentos, agregaron.

Las autoridades de varias ciudades y Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, instaron a la corte superior a mantener algunas protecciones legales y, al mismo tiempo, impedir que tribunales inferiores se “extralimiten”. El fallo Martin v. Boise permite a las ciudades regular y “barrer” con los campamentos, pero no hacer cumplir prohibiciones totales en comunidades donde no hay suficientes camas en los albergues.

El Departamento de Justicia también respaldó la idea de que las personas no deberían ser castigadas por dormir a la intemperie si no tienen otro lugar a donde ir, pero dijo que el fallo de Grants Pass debería ser desechado porque el Noveno Circuito no definió lo que significa ser “indigente involuntariamente”.

Evangelis, la abogada de Grants Pass, sostiene que la postura del gobierno del presidente Joe Biden no resolverá el problema de la ciudad en Oregon.

“Será imposible que las ciudades aborden realmente la crisis de los indigentes”, dijo.

Los campamentos públicos no son buenos lugares para que la gente viva, explicó Ed Johnson, quien representa a personas que viven a la intemperie en Grants Pass como director de litigios del Centro Jurídico de Oregon. Pero la aplicación de las prohibiciones de acampar a menudo empeora la indigencia al obligar a las personas a gastar dinero en multas en lugar de en vivienda o al crear un historial de arresto que hace más difícil conseguir un apartamento. Los funcionarios públicos deberían centrarse más bien en abordar la escasez de viviendas asequibles para que la gente tenga lugares donde vivir, subrayó.

“Es frustrante cuando las personas que tienen todo el poder se alzan de hombros y dicen: ‘no hay nada que podamos hacer’”, añadió. “La gente tiene que ir a alguna parte”.

Se espera que la Corte Suprema se pronuncie a finales de junio.