El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba estimó este miércoles en conferencia de prensa que la nueva Ley de Migración que tramitará este julio el parlamento afectará a 1,3 millones de cubanos residentes en el exterior.

Esta legislación supone un cambio notable porque permitiría a todos los cubanos con más de dos años en el extranjero conservar sus derechos ciudadanos y sus propiedades en la isla, algo que hasta el momento dependía de la renovación cada dos años del estatus de residente en el exterior.

La normativa, publicada como anteproyecto el 18 de junio junto a la Ley de Extranjería, establece la nueva categoría de «residencia efectiva migratoria» y elimina el límite de dos años en el extranjero para que un cubano pierda su residencia, explicó el jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería del Minint, Mario Méndez.

La legislación vigente dispone que todo ciudadano que pase más de 24 meses ininterrumpidos en el exterior sin tramitar una prórroga de su estancia es considerado “emigrado” y pierde no solo derechos como el voto, la sanidad o la educación, sino también sus propiedades.

Méndez aseguró que en la nueva normativa «no hay limitación de derechos» y subrayó que están hechos «para seguir uniendo a los cubanos» y con la «voluntad de país de unir» a sus ciudadanos.

El jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería aclaró que la ley no tiene carácter retroactivo, por lo que sólo afecta a aquellas personas que emigren una vez entre en vigor la nueva ley.

La normativa debe aprobarse en la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, unicameral) en julio, donde no tradicionalmente los anteproyectos no sufren grandes modificaciones. De tener la luz verde, comenzaría a implementarse en 2025, añadió.

El anteproyecto va a tramitarse junto a otros cinco, entre los que destacan el de Ciudadanía y el de Extranjería por su relación con la cuestión migratoria.

Así, la ley de extranjería establece las categorías migratorias de los extranjeros y menciona que los nacidos en la isla que renuncien a la ciudadanía cubana, una vez aprobada dicha renuncia, serán “considerados extranjeros» a todos los efectos.

En cuanto a la ciudadanía, la normativa sobre el tema publicada la víspera dispone la privación de ese derecho a los cubanos en el extranjero que realicen “actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales” de la isla.

Asimismo, faculta al presidente del país y al ministro del Interior como “las autoridades competentes para resolver los expedientes administrativos sobre adquisición, pérdida, privación, renuncia y recuperación de la ciudadanía cubana”.

La cuestión migratoria es clave en Cuba, que tras repetidas oleadas migratorias en décadas recientes ha visto como en los últimos tres años cientos de miles de ciudadanos han salido del país, la mayoría por motivos económicos, aunque algunos también por razones políticas.

La diáspora cubana tiene un importante peso a nivel político y económico en la isla, ya sea por su influencia en la política estadounidense, las remesas que envía al país o su capacidad para apoyar comercial y financieramente al incipiente sector privado.