Grupos ambientales han denunciado este viernes la inacción y opacidad del Gobierno de Panamá para ejecutar el proceso de cierre de la mina de cobre operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), que se encuentra inhabilitada desde noviembre cuando la Justicia declaró «inconstitucional» el contrato que renovaba su concesión.
«(El Gobierno) no ha hecho nada, más que permanecer en silencio con escuetos comunicados de prensa y publicaciones en redes sociales pero sin acciones concretas», dijo a EFE el director de la asociación ambiental Adopta Bosque, Guido Berguido.
Según el también líder ambientalista de las históricas protestas antimineras de noviembre, hay una «verdadera preocupación» porque tras más de dos meses de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá fallara que el contrato con la minera canadiense era «inconstitucional», no se ha «visto una acción contundente ni medidas transparentes» por parte del Ejecutivo de Laurentino Cortizo.
Casi una decena de organizaciones ambientales denunciaron hoy que el Gobierno «incumple su propio plan de Cierre de Mina (y) pone en grave riesgo a la zona y aumenta la vulnerabilidad del país ante los arbitrajes» internacionales que deberá enfrentar el Estado panameño por tumbar el polémico contrato minero.
En ese comunicado, los grupos señalan que «el próximo 7 de marzo vencerá la cobertura de la fianza de cumplimiento ambiental del proyecto, consignada para cierre, post-cierre y causas imprevistas por un valor de 108 millones de dólares. A pesar de ello, no han sido emitidas o publicadas, resoluciones o instrucciones específicas (…) para subsanar esta infracción ni hacer exigible dicha fianza».
Ante las elecciones generales del próximo 5 de mayo, las organizaciones han alertado hoy que la empresa podría estar «esperando» un nuevo Gobierno para «renegociar» el contrato, sin dar detalles de esa posible estrategia.
«Este vacío de información aparenta tener relación con la contienda política y la minera está esperando el nuevo gobierno para entrar en alguna nueva negociación que estaría fuera de lo que desea la ciudadanía», comentó a EFE el presidente del comité panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el abogado Ricardo Wong.
El contrato que renovaba la concesión a 20 años prorrogables a la mina fue tumbado el pasado 28 de noviembre por un fallo del máximo órgano de justicia del país centroamericano tras casi un mes de intensas protestas que provocaron una severa crisis interna.
El Gobierno panameño anunció en diciembre pasado una estrategia para el cierre ordenado y definitivo de la mina, cuya elaboración tomará entre 6 y 18 meses a un costo de 1,5 millones de dólares, y cuya ejecución podría tomar entre 7 y 9 años con costo de entre 800 y 1.000 millones de dólares.
Ese plan contempla tres estrategias específicas: el cierre ordenado y definitivo; la defensa del Estado ante arbitrajes internacionales; y la sustitución sostenible de la minería metálica en el producto interno bruto (PIB) nacional.
Actualmente, la minera – la más grande de cobre a cielo abierto de Centroamérica- está bajo un plan de «cuidado» con solo el 20% de la plantilla, que contaba con unos 7.000 trabajadores.
