Al menos 220 miembros de la comunidad inmigrante fueron transferidos del Departamento del Sheriff del Condado de Orange (OCSD) a las autoridades de inmigración durante el 2023, lo que representa un aumento del 1200% respecto al 2022, aseguran expertos.

El Instituto Harbor para la Justicia Económica y de Inmigrantes (Harbor Institute for Immigrant & Economic Justice), reveló recientemente los datos alarmantes sobre las entregas o transferencias, obtenidos a través de solicitudes de Leyes de Registro Público.

A pesar de que California tiene el estatus de “estado santuario”, muchos residentes de la comunidad aún enfrentan la constante posibilidad de ser detenidos y deportados. Gran parte de esta preocupación proviene de la colaboración continua entre las agencias policiales locales y la Oficina de Control de Aduanas e Inmigración (ICE).

Históricamente, OCSD ha transferido algunos de los mayores volúmenes de miembros de la comunidad a ICE de los 58 departamentos del sheriff de California.

Leyes como la Ley de Valores de California (SB 54, de León) y la continua defensa comunitaria con respecto a la colusión de las autoridades locales con ICE han contribuido a una disminución general en las transferencias a ICE desde OCSD. Sin embargo, esa tendencia fue contrarrestada por el OCSD en el 2023 cuando remitio más de 300 miembros de la comunidad y al menos 220 fueron transferidos a ICE.

Mai Nguyen Do, Gerente de Investigación y Políticas en el Instituto Harbor para la Justicia Económica y de Inmigrantes, dijo que los datos hablan por sí solos.

“El Departamento del Sheriff de OC no está en contacto con nuestras comunidades. El aumento en las transferencias a la custodia de ICE contradicen los valores de inclusión y justicia de nuestras comunidades”, dijo.

“Es hora de hacer cumplir la ley priorizando el bienestar y los derechos de todos los residentes, no perpetuar el miedo y la separación”, sostuvo.

ICE rutinariamente pide a las agencias policiales locales que les notifiquen al menos 48 horas antes de que una persona encarcelada a la que están rastreando sea liberada.

A la hora de publicar esta historia, las autoridades del OCSD no habían respondido nuestras llamadas. Sin embargo, en una declaración escrita en mayo del 2023 por Don Barnes, el Sheriff de OCSD, dijo.

“En el año del calendario 2021, el Departamento del Sheriff del Condado de Orange notificó a ICE de 143 individuos que tenían detenciones pendientes y debían ser liberados de nuestra cárcel. De los 143 individuos referidos, solo 73, o el 51%, fueron llevados a la custodia de ICE. Aquellos que no fueron llevados bajo custodia por ICE fueron liberados de nuevo en la comunidad. Un total de 24 de estos individuos liberados fueron arrestados nuevamente por nuevos delitos en el Condado de Orange”.

La declaración agrega que en el año del calendario 2022, su departamento notificó a ICE de 155 individuos que tenían detenciones pendientes y debían ser liberados. De esos 155 individuos, solo 17, o el 10.9%, fueron transferidos a la custodia de ICE. Con respecto a los otros 138 individuos que, según la ley estatal, eran elegibles para ser transferidos a ICE, ICE no tomó ninguna acción y estos individuos fueron liberados de nuevo en la comunidad. Un total de 20 de estos individuos fueron arrestados nuevamente por nuevos delitos en el Condado de Orange.

“No expulsar a estas personas pone en peligro la seguridad de todos los residentes del Condado de Orange. La ley de California limita las notificaciones a los reclusos que han cometido delitos graves y/o tienen una historia criminal. En efecto, esta ley estatal da como resultado que mi departamento solo notifique a ICE sobre aquellas personas con detenciones que representan el mayor riesgo para nuestra comunidad. Sólo notificamos a ICE cuando los individuos tienen factores agravantes y por lo tanto ameritan ser puestos bajo custodia de ICE”.

Estos datos revelan además que la abrumadora mayoría de los miembros de la comunidad transferidos por OCSD a ICE fueron nacidos en México o Vietnam.

En 2023, el 43% de los trasladados nacieron en México y el 40% nació en Vietnam. Ese mismo año, los departamentos de policía de Garden Grove, Westminster y Santa Ana fueron los tres que realizaron más arrestos que luego fueron remitidas de OCSD a ICE.

Pero las transferencias no se limitan a sólo migrantes de esos países, otros lugares comunes de nacimiento incluyen El Salvador, Guatemala e Irán.

Tin Nguyen, Coordinador de Justicia para Inmigrantes de VietRISE, dijo que es alarmante ver cómo las fuerzas del orden en Pequeño Saigón alimentan un aumento de miembros de la comunidad transferidos a ICE.

“Yo, como una persona que soportó la crueldad e indignidad de la detención de ICE durante diez meses, sé que es necesario poner fin a toda colaboración entre OCSD e ICE”, dijo Tin Nguyen.

Para Salvador G. Sarmiento, Director legislativo de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), existen serias dudas sobre si el Sheriff de OC está violando la ley estatal.

“Llegaremos al fondo del asunto, pero lo que sabemos ahora es que el Sheriff Barnes está cumpliendo las órdenes de ICE en el Condado de Orange”, dijo.

A la pregunta de si el sheriff del Condado de Orange ha cumplido con la ley estatal al transferir personas a ICE, activistas de este condado que abogan por los inmigrantes dicen que ha habido varios casos, entre ellos dos casos sonados en los que las autoridades locales no han cumplido, incluido el de un padre salvadoreño que fue transferido ilegalmente por tener perfil racial en vidrios polarizados.

Otro caso es el de un estudiante de Orange Coast College que tiene estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que fue retenido indebidamente por la policía de Laguna Beach para funcionarios federales de inmigración en 2018.

La Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Irvine de la Universidad de California anunciaron en diciembre 2021, que el Departamento del Sheriff del Condado de Orange (OCSD) acordó pagar un acuerdo a Kelvin Hernández Román, esposo y padre de tres hijos, quien fue transferido por el OCSD a las autoridades de ICE en 2019. El acuerdo es en respuesta a una demanda presentada en nombre de Hernández Román por la Clínica de Derechos de Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Irvine de la Universidad de California.

El 16 de julio de 2019, el Hernández Román, quien estaba bajo custodia luego de un arresto por parte del Departamento de Policía de Tustin, debería haber sido liberado después de que el Fiscal de Distrito notificó a OCSD se negaba a presentar cargos en ese momento. Sin embargo, en lugar de ser procesado rápidamente para su liberación como todos los demás ese día, la demanda alega que el Hernández Román fue retenido por más tiempo únicamente sobre la base de una orden de retención de ICE. No fue liberado hasta pasada la medianoche del 17 de julio de 2019, cuando fue transferido a la custodia de ICE.

Esta detención excesiva violó el derecho de la Cuarta Enmienda del Sr. Hernández Román a estar libre de embargos irrazonables, así como la Ley de Valores de California (SB 54), que prohíbe a las autoridades mantener bajo custodia a cualquier individuo más allá del tiempo en que normalmente sería liberado. Debido a que OCSD no notificó a Hernández Román sobre la orden de retención de ICE, la demanda alega que OCSD violó aún más la Ley de Revisión Transparente de Transferencias y Retenciones Injustas, o Ley TRUTH.

“En 2020, el sheriff del condado de Orange, Don Barnes, entregó sistemáticamente a miembros de la comunidad a ICE, sometiéndolos a detenciones adicionales costosas e innecesarias en el punto álgido de la pandemia de COVID-19”, dijo Ana Ramírez, miembro de la Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange en aquel entonces.

Después de que Hernández Román fuera transferido a ICE, pasó los siguientes nueve meses en el Centro de Procesamiento ICE de Adelanto, un centro de detención operado por la empresa penitenciaria privada The GEO Group en Adelanto, California. Fue separado de sus dos hijos pequeños y su esposa, que en ese momento estaba embarazada y finalmente perdió el nacimiento de su hija menor.

Tras la demanda, los defensores locales aplaudieron el impacto de estas demandas en 2022, cuando las transferencias ICE se redujeron drásticamente a 17 transferencias ICE.

“Cuando organizaciones, como la Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange, una organización que se organiza junto a familias afectadas por la inmigración y el sistema de justicia penal a través de un modelo de defensa participativo, han dado la alarma sobre estas transferencias ilegales de ICE, el Condado de Orange las ha recibido con silencio”, dijo Sandra De Anda, coordinadora de enlaces de la red.

El análisis del Harbor Institute ofrece tres recomendaciones clave para lograr un cambio significativo en cuanto a las detenciones.

Poner fin a toda la colusión entre OCSD y ICE para detener los daños infligidos al transferir miembros de la comunidad a ICE. Aumentar la transparencia mejorando la accesibilidad a los datos relevantes, provenientes tanto de los foros anteriores de la Ley TRUTH como de solicitudes de la Ley de Registros Públicos, asegurando que los datos estadísticos e información sobre el contacto con ICE, la custodia y los costos asociados estén disponibles en formatos accesibles, y mejorar el compromiso comunitario programando los foros de la Ley TRUTH en horarios accesibles, publicando información en formatos accesibles, anunciando ampliamente las fechas de los foros e invitando a miembros de la comunidad y organizaciones con materiales y preguntas preparadas.