La Paz.- La reforma judicial en Bolivia volvió al centro de la agenda política luego de que el presidente Rodrigo Paz convocara a instituciones y a la ciudadanía a impulsar cambios en el sistema. El llamado se produjo tras la destitución y detención del fiscal general Roger Mariaca, investigado por presunta protección al narcotráfico, según el Gobierno.
El mandatario propuso reunir al titular del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, a representantes del Legislativo y la Fiscalía, además de universidades, organizaciones sociales y otros sectores. La iniciativa, planteó, debe servir para construir una convocatoria amplia que permita transformar la justicia.
Paz hizo estas declaraciones durante un acto oficial en el que se reconoció el nombramiento parlamentario de José Armando Urioste como fiscal general interino. El presidente advirtió que el proceso será difícil, aunque sostuvo que el país atraviesa un momento propicio para emprenderlo.
También alentó a Urioste a promover cambios en el Ministerio Público. Aseguró que el Ejecutivo mantiene acuerdos preliminares con organismos de cooperación internacional para apoyar la modernización de esa institución, aunque no detalló públicamente el alcance ni los plazos de esas iniciativas.
La detención del fiscal general
Mariaca fue detenido la semana pasada. El Gobierno lo acusa de haber encabezado una presunta organización criminal que habría protegido actividades vinculadas al narcotráfico. Las autoridades también señalaron supuestos vínculos con el uruguayo Sebastián Marset, antes de que Mariaca asumiera la Fiscalía General en 2024. Las acusaciones deben entenderse como señalamientos oficiales mientras continúa el proceso correspondiente.
El arresto ocurrió dos días después de que Estados Unidos anunciara la revocación de visados a Mariaca y a otros funcionarios y exfuncionarios de tres países. Washington los acusó de corrupción y de debilitar gobiernos democráticamente elegidos, según la información difundida sobre la medida.
Una reforma pendiente y cuestionada
El debate sobre cómo reformar la justicia boliviana se prolonga desde el retorno del país a la democracia, en 1982. La Constitución promulgada en 2009 durante el Gobierno de Evo Morales introdujo la elección ciudadana de altos magistrados, luego de que el Legislativo preseleccionara a los candidatos.
Ese mecanismo fue presentado como una vía para renovar el Poder Judicial, pero las votaciones de 2011 y 2017 registraron numerosos votos blancos y nulos. Sus detractores denunciaron que la selección de aspirantes estaba influida por el entonces gobernante Movimiento al Socialismo y su mayoría parlamentaria.
La elección judicial de 2024 se realizó de manera parcial, después de que decisiones constitucionales vinculadas con candidaturas inhabilitadas afectaran el proceso. Sigue pendiente completar la designación de siete cargos en los tribunales Supremo de Justicia y Constitucional.
La crisis política de 2019, que culminó con la renuncia de Morales tras protestas y denuncias de fraude en unos comicios posteriormente anulados, reactivó las discusiones sobre el sistema judicial. Entre 2020 y 2025, el Gobierno de Luis Arce impulsó al menos tres intentos de reforma, pero no llegaron a concretarse, entre otros factores, por la falta de presupuesto.