Bogotá.- La Policía en universidades podrá ingresar a los campus de Colombia cuando se registren hechos de violencia, vandalismo o terrorismo, según anunció el presidente Abelardo de la Espriella. La decisión fue comunicada durante una alocución difundida este domingo a través de sus redes sociales.
El mandatario sostuvo que la autonomía universitaria no puede interpretarse como una excepción frente a las normas nacionales ni como una limitación para que las autoridades actúen ante alteraciones del orden público. En ese sentido, afirmó que los recintos educativos permanecen sujetos a la Constitución, la ley y la autoridad estatal.
Un protocolo para diferenciar protestas y delitos
De la Espriella anunció la elaboración de un protocolo nacional destinado a establecer diferencias entre las manifestaciones pacíficas y aquellas situaciones que impliquen violencia, hechos en flagrancia, peligro para terceros o alteraciones extraordinarias de la seguridad.
El Gobierno aseguró que garantizará el derecho a protestar cuando las expresiones se desarrollen de forma pacífica y dentro del marco legal. Sin embargo, el presidente advirtió que el vandalismo, la destrucción de infraestructura, los ataques contra civiles y las agresiones a integrantes de la fuerza pública no podrán ser considerados modalidades legítimas de protesta.
De acuerdo con el anuncio, la Policía será la primera autoridad operativa encargada de responder ante esos escenarios. También podrá intervenir si dentro de las universidades se preparan acciones violentas o ataques que puedan afectar a la comunidad educativa y a la población.
Advertencia sobre el uso de los campus
El presidente afirmó que no permitirá que las universidades públicas sean utilizadas como espacios para organizar hechos violentos. Según explicó, la medida busca proteger a los estudiantes que desean asistir a clases, debatir y participar en movilizaciones pacíficas.
Asimismo, señaló que las personas que empleen los campus para preparar ataques, almacenar materiales destinados a causar daños o agredir a ciudadanos y agentes estatales deberán responder ante las autoridades competentes. La advertencia se produce en un contexto de recurrentes enfrentamientos en inmediaciones de instituciones universitarias del país.
El mandatario insistió en que las universidades deben conservar su función como lugares destinados al conocimiento, la discusión de ideas y el debate democrático. Al mismo tiempo, planteó que esos objetivos resultan incompatibles con la utilización de las instalaciones para refugiar acciones violentas o actividades consideradas terroristas por su administración.
La aplicación del nuevo protocolo quedará pendiente de los lineamientos que establezca el Gobierno, que deberá definir cómo se determinarán los casos de intervención y cuáles serán los procedimientos para proteger tanto el derecho a la protesta como la seguridad dentro y fuera de los campus.