Guayaquil (Ecuador).- Cuatro partidos de oposición al Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunciaron este lunes que el oficialismo pretende «quitar de la papeleta» de las elecciones locales de noviembre a «sus contrincantes más fuertes», por medio de acciones que, consideraron, son parte de una «persecución».

«La persecución a quien piensa diferente al régimen de turno ha sido la constante en los últimos meses», dijo Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), durante una rueda de prensa junto a otros movimientos que cobijan la candidatura a la reelección del alcalde de Quito, el correísta Pabel Muñoz.

El dirigente puso como ejemplo de esta supuesta persecución a una última reforma a la ley electoral que, dijo, «intenta asfixiar a los partidos políticos de oposición»; la suspensión de movimientos como la Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), entre otros; y la inhabilitación de autoridades que pretendían buscar la reelección.

También mencionó los recursos que se han interpuesto para que se niegue la inscripción de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González a la Prefectura de Manabí, y a una denuncia por presunta infracción electoral que enfrenta Muñoz, que lo podría dejar fuera de los comicios, y que, afirmó, «no tiene ningún fundamento jurídico».

«Venimos a decirle al país que no estamos pidiendo ventaja alguna en este proceso electoral. Estamos exigiendo que este proceso convocado de forma atropellada, de forma anticipada para noviembre de este año, sea libre y justo», añadió Vallejo.

Los partidos que reclaman condiciones electorales

Natasha Rojas, dirigente de Unidad Popular, aseguró que «el Gobierno sabe» que «si juega limpio, pierde las elecciones» y por eso «proscribe a organizaciones políticas y a candidatos con condiciones de ganar».

«Forma parte de toda la estrategia de fraude electoral diseñada desde la Presidencia, lo que pone en riesgo la democracia y el derecho a la participación en condiciones de igualdad a todos los candidatos y las candidatas», afirmó.

Cristian Coronel, del movimiento Todos, dijo que se han unido porque no quieren que en el futuro cualquier otro aspirante a un cargo de elección popular no pueda participar.

Por su parte, Gabriela Rivadeneira, la presidenta de RC, aseguró que buscarán «todas las vías legales e institucionales, pero también las políticas y sociales, para defender el derecho de la gente a elegir».

En ese mismo sentido, el presidente del PSE agregó que están dispuestos a acudir a instancias internacionales «para defender unas elecciones libres«.

La RC fue suspendida en marzo por un juez electoral a pedido de la Fiscalía, que investiga a dirigentes del partido por un presunto lavado de dinero, por lo que sus principales figuras se han postulado a los comicios del próximo 29 de noviembre con otros partidos como el PSE y Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena.