Lima.- El aumento de la inseguridad ciudadana en Perú afecta a la gobernabilidad, la democracia y a los derechos humanos de la ciudadanía y se ha normalizado en la vida cotidiana, alertó un informe presentado este martes en Lima y que propone una hoja de ruta con medidas para combatir esta problemática.

«La ausencia de seguridad ciudadana pone en riesgo a los individuos, la sociedad, el propio Estado y el futuro del régimen democrático en un mundo complejo que se encuentra en medio de un realineamiento político y cultural caracterizado por ser adverso a las políticas inclusivas», indica el estudio elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).

El Informe, denominado ‘Perú: seguridad ciudadana y derechos humanos», surge del «profundo deterioro» de todos los indicadores de seguridad ciudadana en el país y nace también en un contexto donde el Congreso ha aprobado numerosas leyes y reformas «que debilitan el Estado y profundizan las economías atractivas», explicó a EFE el autor del mismo, Ricardo Soberón.

La presentación contó con los testimonios de representantes de la Generación Z, de gremios de transportes, especialmente afectados por el aumento de la extorsión, expertos en seguridad y derechos humanos, que alertaron cómo la violencia es cada vez algo más cotidiano.

«No estamos hablando de un incidente, estamos hablando de una situación que afecta a todos en nuestro país y que desgraciadamente se ha ido incrementando», indicó el abogado Germán Vargas al destacar que el informe incluye consideraciones que se deberían tomar en cuenta, especialmente de cara al proceso electoral en abril de 2026.

Entre la ‘mano dura’ y el «garantismo»

«Estamos haciendo mal las cosas. Estamos en un mundo más difícil y el debate es político, entre aplicar ‘la mano dura’ y el garantismo. Desnudamos (en el informe) que la mano dura no resuelve ningún problema, lo deteriora y que creemos que un garantismo bien elaborado puede ayudar a atacar aquellos segmentos de la criminalidad organizada que nos interesa», indicó Soberón.

En este sentido, el informe aboga que se necesita plantear un pacto social interinstitucional, pues actividades ilegales como la extracción irregular del oro y la producción de cocaína emplean alrededor de un millón de peruanos y salpican instituciones.

«La única posibilidad es separar la base social de las cúpulas criminales para ofrecerle un pacto social ciudadano a este millón de peruanos a cambio de servicios básicos del Estado y atacar con fuerza a las cúpulas criminales», agregó.

Mientras que para combatir las 200 organizaciones criminales que están distribuidas en el territorio nacional se deben reforzar las unidades de Flagrancia, los juzgados especiales y las unidades de inteligencia financiera.

Una hoja de ruta

El informe ofrece una hoja de ruta con recomendaciones de reformas para el corto, mediano y largo plazo para la Policía Nacional, Ministerio Público, el Poder Judicial, Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para poder conseguir resultados sostenibles.

Añade que se debe redefinir el Programa Penal del Estado, para lo que se tiene que «revisar y muy posiblemente derogar gran parte de las leyes sobre criminalidad dadas en el Congreso de los últimos años».

También incide en que es urgente resolver en el corto y mediano plazo la actual crisis carcelaria, mediante sopesadas políticas de excarcelación, movimiento de internos entre penales y políticas de arresto domiciliario y grilletes, y construir al menos cinco nuevos penales.

«Algo que me queda muy claro es que la seguridad ciudadana y la vigencia de los derechos humanos son un principio fundacional. No son negociables y más bien son la garantía para poder trabajar eficientemente en combatir las formas de criminalidad organizada», concluyó Soberón.