El fiscal general de California, Xavier Becerra, instó este martes al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE.UU. a desechar su plan de prohibir ayudas económicas a familias pobres con un miembro sin estatus migratorio legal en el país.
Este martes culminó el plazo para que se presenten los comentarios públicos acerca del plan de HUD de retirar el subsidio de vivienda a familias beneficiadas que tengan al menos un miembro indocumentado residiendo con ellos.
Los esfuerzos del Gobierno hacen parte de la política del presidente Donald Trump para limitar al máximo que los indocumentados puedan verse beneficiados de políticas de ayuda destinadas a estadounidenses.
«La Administración de Trump está poniendo en peligro innecesariamente e imprudentemente el acceso a la vivienda para las familias estadounidenses en todo el país», dijo Becerra en un comunicado.
«Solo en California, esta propuesta obligará a decenas de miles de personas a tomar una decisión impensable entre desalojar a sus seres queridos y quedarse sin hogar», agregó el procurador, excongresista federal por el Partido Demócrata.
La organización National Low Income Housing Coalition (NLIHC) estima que unas 25.000 familias se verían afectadas por la medida del Gobierno.
La mayoría de estas familias viven en California, Nueva York y Texas, advierte NLIHC. Además de las familias mixtas con indocumentados, la propuesta elimina los fondos de asistencia de vivienda para familias que tienen a una persona beneficiada con el Estatus de Protección Temporal (TPS) o visas de trabajo, de estudiante y aquellas de no inmigrante para víctimas de delitos.
Becerra participó en los comentarios públicos asegurando que la medida afectaría a casi 40.000 californianos, incluidos niños ciudadanos que merecen el subsidio, y que la propuesta aumenta la carga económica de las agencias estatales.
Un estudio de 2016 realizado por la American Psychological Association que examinaba las consecuencias de las políticas de cero tolerancia en las ayudas de vivienda advirtió que «estas medidas llevan a las personas desalojadas a experimentar regularmente una falta de vivienda prolongada», señala el documento.
El fiscal advierte que «las consecuencias de esta regla propuesta agravarían la crisis de vivienda de California», que ha visto un aumento de personas viviendo en la indigencia en grandes urbes como Los Ángeles y San Francisco.
En el Estado Dorado 436.340 familias reciben asistencia en la vivienda, para un total de 936.830 personas beneficiadas. Según los cálculos del fiscal 37.280 de estas personas están en riesgo de acabar en la calle o de sufrir separación familiar.
«En lugar de separar a las familias, deberíamos estar haciendo todo lo posible para apoyarlas», recalcó Becerra.
Becerra se une a los pedidos del estado de Nueva York, el Distrito de Columbia, y el Caucus Hispano del Congreso que han pedido al gobierno que desista del plan.
