La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó el martes a 10 militares y a un civil por 24 desapariciones forzadas y al menos 120 asesinatos de civiles a los que presentaron falsamente como guerrilleros muertos en combates en medio del conflicto armado de Colombia.
Se trata de la primera acusación formal contra efectivos del Ejército Nacional en medio de las investigaciones por los denominados falsos positivos o asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
Para la JEP los acusados tuvieron una participación determinante en los asesinatos en estado de indefensión presentados como bajas en combate en la región de Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, entre enero de 2007 y agosto de 2008, para aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar en la lucha contra la guerrilla.
«La Sala de Reconocimiento les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil», dijo un comunicado leído por la magistrada Catalina Díaz.
Los imputados, señalados por la JEP como máximos responsables por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada, son un general, seis oficiales, tres suboficiales y un civil.
De acuerdo con la acusación, los asesinatos y las desapariciones forzadas se inscriben en un mismo patrón macrocriminal a partir de una la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, de incentivos y la constante presión sobre comandantes y subordinados para obtener «muertos en combate».
«Se trató de un patrón de macrocriminalidad, es decir, la repetición de por lo menos 120 asesinatos durante dos años en un mismo territorio por un mismo grupo de personas asociados en una organización criminal y siguiendo un mismo modus operandi», explicó Díaz, quien reveló que las víctimas fueron campesinos, agricultores, comerciantes y transportistas informales.
La JEP reveló que al menos a 6.402 personas fueron asesinadas en Colombia por efectivos del Ejército y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008 a cambio de beneficios que incluían permisos, vacaciones y reconocimientos.
Decenas de oficiales del Ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinaria.
El presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, dijo que si los 11 acusados no aceptan los cargos podrían recibir una sentencia de hasta 20 años de cárcel en la justicia ordinaria.
La JEP es parte del acuerdo de paz firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que permitió la desmovilización de unos 13.000 miembros del grupo rebelde, aunque algunos rechazaron el pacto y continúan la lucha armada contra el Gobierno.
El tribunal tiene facultades para imponer penas más leves a las ordinarias a cambios de verdad, justicia, reparación y no reparación.
