El director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), Ken Cuccinelli, defendió este lunes una nueva normativa para facilitar el rechazo de inmigrantes legales con bajos ingresos y que acceden a programas de ayuda pública en el país.
«Nuestra normativa evita que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a Estados Unidos o que se queden aquí y obtengan una ‘green card’ (permiso de residencia permanente»), subrayó Cuccinelli en una rueda de prensa en la Casa Blanca.
El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este lunes una norma que reduce la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de las «tarjetas verdes» o de algunos visados.
Así, las autoridades podrán determinar si el inmigrante se ha convertido en una «carga pública» para la Administración, es decir, si «depende principalmente» de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.
«A través de la nueva regla de carga pública, la Administración de Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. Pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos», dijo Cuccinelli.
El jefe de inmigración de EE.UU. explicó que, bajo esta nueva regla, un inmigrante legal será definido como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un período de 36 meses.
«En el caso de recibir dos ayudas públicas al mes, se contará como dos meses». Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el costo de los medicamentos, entre otros.
Por otro lado, Cucinnelli aseguró que esta medida no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.
De acuerdo al Gobierno, la regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre.
Se espera que la regulación anunciada este lunes enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia estadounidense así lo considera.
En las últimas semanas, el Gobierno de Trump ha mostrado mano dura también contra la inmigración ilegal, al ordenar la detención de 680 inmigrantes durante una redada masiva en seis ciudades del estado de Misisipi.
