El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo hoy que su futuro depende del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), tras ser acusado de corrupción por el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala (norte).
«Ahora depende del NEC (siglas en inglés del Comité) tomar una decisión», declaró a los medios locales el mandatario, después de abandonar una reunión que estaba celebrando otro órgano, el Comité Nacional de Trabajo (NWC), que gestiona el día a día del partido, para analizar el informe presentado el miércoles según el cual Ramaphosa podría haber violado leyes anticorrupción.
«Es la cultura del CNA no estar presente cuando el NWC debate sobre ti», añadió el presidente en su primera intervención pública desde que este jueves se desataran los rumores sobre su posible dimisión, algo que negó el viernes el ministro sudafricano de Energía y Minas, Gwede Mantashe.
Tras este encuentro, el NEC, máximo órgano de toma de decisiones del partido, se reunirá este lunes para discutir el futuro de su líder.
El informe fue elaborado por un panel independiente de tres miembros designado por el Parlamento de Sudáfrica el pasado agosto y liderado por el expresidente del Tribunal Constitucional Sandile Ngcobo que debía analizar la moción interpuesta contra Ramaphosa por el partido opositor Movimiento Africano de Transformación (ATM) en junio de este año.
El partido acusaba a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los integrantes del Gobierno desempeñar otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que la cantidad robada provenía de ese negocio (donde son habituales los pagos en efectivo) y no de una operación de lavado de dinero.
El panel señaló que, «a primera vista», el mandatario pudo haber cometido una «violación grave» de varias leyes anticorrupción, además de haber incurrido en «mala conducta grave» al exponerse a un «conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus asuntos privados», unas acusaciones que Ramaphosa negó rotundamente.
El artículo 89 de la Constitución permite la destitución de un presidente en ejercicio por motivos de una violación grave de la Carta Magna, mala conducta o incapacidad para desempeñar las funciones propias del cargo.
El principal partido de la oposición, la Alianza Democrática (DA, en inglés), anunció este jueves que presentará una moción en el Parlamento para la disolución del Gobierno, lo que llevaría a unas elecciones anticipadas.
El escándalo estalló el pasado junio, cuando el exjefe de la agencia de Inteligencia del país Arthur Fraser interpuso una demanda contra el jefe de Estado, al que acusa de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi 4 millones de euros escondidos en su granja de Phala Phala el 9 de febrero de 2020.
La Presidencia sudafricana ya negó en junio las acusaciones de Fraser y confirmó que se produjo un robo ese día, mientras Ramaphosa alegó en su respuesta a las preguntas del panel que la suma fue menor, de 580.000 dólares (alrededor de 550.000 euros).
