La presidenta peruana Dina Boluarte salió el viernes de la Fiscalía General tras cinco horas de un interrogatorio sobre el origen de joyas, relojes de lujo y cientos de miles de dólares en sus cuentas bancarias en una indagación por presunto enriquecimiento ilícito que ha desatado una nueva crisis política.

El carro presidencial con lunas entintadas junto a su escolta salió sin detenerse. El edificio de la fiscalía, ubicado en el centro histórico de Lima, estaba rodeado por rejas, policías antimotines y periodistas.

Un hombre llevaba un cartel con la frase “Insurgencia popular” mientras una mujer repetía con una bocina “Dina asesina el pueblo te repudia, Dina ladrona el pueblo te repudia”. Poco después, el automóvil de la mandataria ingresó rodeado de su comitiva de policías armados. Otro grupo en defensa de la presidenta Boluarte llevaba un letrero con la leyenda “Dina resiste”.

El Ministerio Público dijo temprano en un comunicado que el fiscal general Juan Villena se encargó de tomar las declaraciones a la mandataria. Villena comentó el martes ante una comisión del Congreso que esperaba que Boluarte pueda ofrecer “los medios probatorios” necesarios.

Un grupo de manifestantes que protestaban contra Boluarte caminó hasta el palacio presidencial, a pocas cuadras de la Fiscalía General, al grito de “que se vayan todos”, pero fueron frenados por los policías antimotines que los alejaron de la zona lanzando bombas lacrimógenas.

La víspera el primer ministro Gustavo Adrianzén dijo que espera que con las declaraciones de la presidenta se acabe lo que calificó de “culebrón”. “Presumo que después de esta explicación no le quede más al Ministerio Público que cerrar esta investigación”, agregó.

Boluarte está bajo investigación preliminar luego de que el programa periodístico “La Encerrona” revisó miles de fotos de sus actividades y reportó a mediados de marzo que la mandataria había usado al menos 15 relojes, incluido un Rolex valuado en unos 14.000 dólares en Perú, los cuales no habían sido declarados como es obligación entre los funcionarios.

El dato disparó la atención de otros medios que hurgaron entre las fotos y videos de la mandataria y hallaron al menos otros dos Rolex junto a joyas de oro, además de miles de dólares en sus cuentas bancarias. La Fiscalía General afirma que las joyas y relojes de lujo podrían sumar más de 500.000 dólares, mientras que sus cuentas poseen más de 400.000 dólares cuyo origen tiene que esclarecer.

La presidenta sobrevivió el jueves a dos pedidos legislativos de destitución por “incapacidad moral permanente” impulsados por grupos de izquierda. Las mociones no alcanzaron los 48 votos requeridos para pasar a un debate que hubiera expuesto más a Boluarte, quien no ha explicado hasta el momento el origen de sus relojes, joyas y dinero.

Boluarte sólo ha dicho que uno de los relojes Rolex, sin especificar cual, es de “antaño” y lo adquirió fruto de su esfuerzo ya que trabaja desde los 18 años. Añadió que está extrañada en que la prensa se fije en su indumentaria y que la investigación genera “inestabilidad política, social y económica”.

Al final de su investigación la Fiscalía puede presentar una denuncia constitucional ante el Parlamento que, luego de un trámite dentro de una comisión y la votación de los legisladores, puede quedar lista para enviarse ante un juez apenas finalice el gobierno de Boluarte el 28 de julio de 2026.

Mientras tanto, la mandataria puede ser investigada de forma preliminar por la Fiscalía, incluyendo allanamientos, incautaciones, el levantamiento del secreto bancario y el rastreo de sus comunicaciones. Lo único que no se puede realizar en este periodo es un arresto preventivo.

Con año y medio en el poder, Boluarte tiene una impopularidad de 86%, según el Instituto de Estudios Peruanos. Pese a no tener bancada en el Legislativo, ha tejido una serie de apoyos mutuos con grupos parlamentarios de derecha que en conjunto son mayoría.

Boluarte llegó al poder en julio de 2021 como vicepresidenta y ministra del presidente Pedro Castillo. En diciembre de 2022 se convirtió en mandataria sucediendo a Castillo, destituido por el Parlamento y preso mientras es investigado por corrupción. Antes de 2021, era una modesta funcionaria de una oficina de registro de identidad.