La segunda patrulla ciudadana regresa a la sede de la ONG La Colmena, son las siete de la mañana y acaba de terminar su guardia de vigilancia; ahora es el turno de César Vargas y otros tres voluntarios para rastrear indicios de redadas de la policía contra inmigrantes indocumentados en el barrio neoyorquino de Staten Island.
La iniciativa, lanzada por tres organizaciones civiles y Vargas, abogado y activista de origen mexicano, arrancó este lunes en este distrito del sur de Nueva York para monitorear la presencia de la policía migratoria (ICE, según sus siglas en inglés) durante las primeras horas de la mañana, tras las amenazas del presidente Donald Trump de deportar inmigrantes.
Gonzalo Mercado, director de La Colmena, da el relevo a la última patrulla del día y cuenta a sus integrantes las zonas que han visitado, mayoritariamente de inmigrantes africanos y asiáticos. Les muestra también fotografías de dos furgonetas blancas con los cristales tintados de negro que podrían ser de ICE.
Vargas explica que los agentes de inmigración se desplazan habitualmente vestidos de civil y en vehículos sin identificación, en los que la única marca distintiva son los cristales negros que no permiten ver su interior.
Hoy es el primer día, «el primer turno, en el que vamos a ser los ojos de la comunidad, particularmente en horas en las que inmigración ejecuta sus operaciones en los hogares», cuenta Vargas a Efe.
El abogado acaba de regresar de hacer cinco meses de ejercicios militares voluntarios en el Ejército y comenta que fue ahí donde le vino la idea de las patrullas ciudadanas, por las guardias que hacían los soldados alrededor del campamento.
En dos coches y ataviados con chalecos reflectantes, Jennifer Balis, profesora de Brooklyn, Carlos Barrio, activista de la ONG Haciendo Camino, y Hina Naveed, estudiante de derecho, recorren junto a Vargas y durante una hora la zona de Port Richmond, en el norte de Staten Island, donde hay una gran comunidad latina, especialmente de América central.
Durante su recorrido por las calles del barrio, el equipo de voluntarios no observa ninguna actividad que apunte a la presencia de agentes de inmigración o la «migra», como la comunidad latinoamericana se refiere a ICE.
Vargas, que fue el primer indocumentado que obtuvo el permiso para ejercer la abogacía en Nueva York, define a los componentes de estos grupos como «los ojos de la comunidad», listos para «documentar» las acciones de los agentes de inmigración en sus «libretas o su teléfono» en caso de que se produzca cualquier violación.
Hasta el momento, 30 personas se han ofrecido como voluntarias para participar en estas patrullas comunitarias que «continuarán el tiempo que sea necesario», según Vargas.
La voluntaria Hina Naveed, de origen paquistaní, cuenta que participa en esta iniciativa porque «quiere poner su parte en la educación de la comunidad» y que conozca sus derechos «a permanecer en silencio, el derecho a preguntar por un abogado, la importancia de no firmar nada» y, sobre todo, apuntan todos, la de no abrir la puerta a nadie si no muestra una orden judicial.
Para Vargas y Mercado, las campañas policiales anunciadas por Trump han sido, sobre todo, una estrategia política electoral ya que, hasta el momento, no se ha percibido un incremento notable de las detenciones. Su objetivo es atemorizar a los indocumentados y contentar a los votantes antiinmigración, dicen.
«Están usando a ICE como un arma de terror» subraya a Efe Mercado.
Además, Vargas insiste ante este «clima de miedo»: «Tenemos que pelear con el valor de seguir adelante con nuestras vidas (…) porque la lucha no sólo está en Washington DC está también en nuestros vecindarios».
Nueva York es una de las conocidas como «ciudad santuario» de Estados Unidos, y las autoridades no comparten la información de sus ciudadanos con los servicios de inmigración. De hecho, con motivo del anuncio de las nuevas redadas, las autoridades han activado un servicio de atención para ofrecer información legal e incluso psicológica a los indocumentados que lo deseen. Sin embargo, Vargas cuenta que este «santuario» es relativo, ya que la información de las personas que cometen un delito o una simple infracción sí que es compartida con el ICE.
Son las ocho de la mañana y concluye el último turno de la patrulla que arrancó a las 5 de la mañana. Los servicios de otras ONG y del ayuntamiento se activan a esta hora, las tiendas ya están abiertas, la ciudad se ha desperezado y ya hay más ojos para documentar la presencia de ICE o una eventual infracción de sus agentes.
para Efe Jorge Fuentelsaz #ElSol América
