Nueva York se unió este jueves a la demanda de una coalición de 44 estados que acusan a 20 de las principales farmacéuticas de Estados Unidos de conspirar para manipular los precios de medicinas y frenar la competencia en el mercado de los medicamentos genéricos.
En la demanda, que fue presentada por la coalición el pasado 10 de mayo en Connecticut, liderada por su fiscal general William Tong, también se acusa a las farmacéuticas de restringir el comercio de más de 100 productos.
«La evidencia presentada en esta demanda demuestra que se trataba de un plan continuo que seguían para estafar a los consumidores para llenar los bolsillos de las farmacéuticas, y el pueblo estadounidense merece ver esa evidencia», informó en un comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
La acción pone en el punto de mira, en especial, a la compañía israelí Teva, a la que se sitúa en el centro de una trama que habría violado las leyes de la competencia y contra los monopolios.
De acuerdo con James, las farmacéuticas «alteraban intencionalmente los precios de ciertos medicamentos, aprovechándose de millones de individuos que dependían de estas medicinas para mantenerse en buenas condiciones de salud».
«Seguiremos abogando por la publicación de estos datos, y para que estas compañías paguen su peligroso comportamiento», afirmó la fiscal.
En la demanda presentada en mayo, los fiscales generales de los 44 estados alegan que las empresas Teva, Sandoz, Mylan, Pfizer, y otros 16 fabricantes de medicamentos genéricos participaron en una conspiración amplia, coordinada y sistemática para inflar los precios, dividirse las cuotas del mercado en vez de competir bajando precios, y manipular licitaciones fraudulentamente, según James.
Indica además la demanda que estas prácticas afectaron los precios de más de 100 productos genéricos de diferentes tipos como tabletas, cápsulas, cremas o geles que incluyó antibióticos, antidepresivos, contra la hipertensión, anticonceptivo o antiinflamatorios, entre otros.
Dichos productos se usan para tratar una gran variedad de enfermedades y condiciones de salud, desde infecciones básicas a diabetes, cáncer, epilepsia, esclerosis múltiple, Vih, trastorno por déficit de atención, y otras.
En algunos casos, los aumentos de precios sobrepasaron en 1.000%, indicó la fiscal.
Según la demanda, altos ejecutivos de estas empresas competidoras llegaban a acuerdos sobre su plan en cenas, almuerzos, fiestas informales, torneos de golf, y eventos corporativos y solían comunicarse por teléfono, correos-electrónicos y mensajes de texto.
En la acusación, se explica al tribunal cómo los acusados usaban términos como «cuota equitativa», «rival responsable», y «juego útil en la caja de arena» para describir la forma en que, ilícitamente desincentivaban la competencia, aumentaban los precios, y conllevaban a una arraigada cultura de colusión.
Entre los demandantes figuran una gran mayoría de los estados de Estados Unidos y Puerto Rico.
