El Congreso de Arizona, controlado por los republicanos, dio la aprobación final el martes a una propuesta que solicita a los votantes convertir en un delito estatal el ingreso de no ciudadanos al estado a través de México en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada, enviando la medida a la boleta del 5 de noviembre.

La votación se produjo mientras el presidente Joe Biden presentó planes el martes para restringir el número de migrantes que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, y señaló: “Esta acción ayudará a ganar control de nuestra frontera, restaurar el orden en el proceso”.

La propuesta de Arizona, aprobada en una votación de 31 a favor 29 en contra por la Cámara de Representantes del estado, permitiría que la policía estatal y local arreste a las personas que cruzan la frontera sin permiso y autorizaría a los jueces estatales a ordenar que las personas declaradas culpables por ese delito sean devueltas a su país de origen.

La propuesta evita a la gobernadora demócrata Katie Hobbs, que había vetado una medida similar a principios de marzo y ha denunciado el esfuerzo por llevar el tema a los votantes.

Los representantes republicanos cerraron el acceso a la galería superior del recinto antes del inicio de la sesión el martes, mencionando preocupaciones de seguridad y posibles interrupciones. Esta acción provocó las críticas inmediatas de los demócratas, que exigieron la reapertura de la galería.

“La galería pública debe estar abierta al público. Esta es la Cámara de Representantes del pueblo”, dijo la representante estatal Analise Ortiz.

Los representantes de la Cámara votaron siguiendo las líneas de partido, y los republicanos votaron a favor de la propuesta y los demócratas votaron en contra.

Los defensores del proyecto de ley dijeron que era necesario para garantizar la seguridad a lo largo de la frontera sur del estado, y que los votantes de Arizona deberían tener la oportunidad de decidir el tema por sí mismos.

“Necesitamos este proyecto de ley y debemos actuar sobre él”, dijo el representante estatal John Gillette, un republicano.

“No es una solución. Es política de año electoral”, aseveró la representante Mariana Sandoval, que es demócrata.

La propuesta es similar a una ley de Texas, que fue suspendida por un tribunal federal de apelaciones mientras es impugnada. El Senado de Arizona aprobó la propuesta con 16 votos a favor y 13 en contra, en una votación de líneas partidistas.

Aunque la ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de migrantes a Estados Unidos, los defensores de la medida afirman que es necesaria porque el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para evitar que las personas crucen ilegalmente por la vasta y porosa frontera entre Arizona y México. También señalan que las personas que entran a Arizona sin autorización cometen usurpación de identidad y se aprovechan de los beneficios públicos.

Los opositores señalaron que el proyecto de ley era inconstitucional y dijeron que llevaría a que se produjeran incidentes de discriminación racial, separaría a los niños de sus padres y crearía varios millones de dólares en costos adicionales de vigilancia policial que el estado difícilmente puede permitirse.

Pero los partidarios han descartado las preocupaciones sobre la discriminación racial, diciendo que los agentes locales aún tendrían que desarrollar una causa probable para arrestar a personas que ingresen a Arizona entre los puertos de entrada.

Los defensores también señalaron que la medida se enfoca sólo en la región fronteriza del estado y, a diferencia de la ley de inmigración emblemática de Arizona de 2010, no apunta a personas en todo el estado. Los oponentes dijeron que la propuesta no contiene limitaciones geográficas sobre dónde se puede hacer cumplir dentro del estado.

La propuesta contiene otras disposiciones que no están incluidas en la medida de Texas y no están directamente relacionadas con la inmigración. Entre ellas figuran la tipificación como delito punible con hasta 10 años de prisión de la venta de fentanilo que provoque la muerte de una persona, y el requisito de que algunas agencias gubernamentales utilicen una base de datos federal para verificar la elegibilidad de un no ciudadano para recibir prestaciones.

Advirtiendo sobre los posibles costos jurídicos, los oponentes señalaron la prohibición de contrabando de inmigrantes de Arizona de 2005 utilizada por el entonces jefe policial del condado de Maricopa, Joe Arpaio, para llevar a cabo 20 patrullajes de tráfico a gran escala que tenían como objetivo a los migrantes. Esto llevó a un veredicto de discriminación racial en 2013 y costos legales y de cumplimiento financiados por los contribuyentes que ahora suman 265 millones de dólares y se tiene previsto que alcancen los 314 millones de dólares para julio de 2025.

Bajo la propuesta actual, una primera condena por la disposición de cruzar la frontera sería un delito menor punible con hasta seis meses de cárcel. Los jueces estatales podrían ordenar a las personas que regresen a sus países de origen después de cumplir un período de encarcelamiento, aunque los tribunales tendrían el poder de desestimar casos si los arrestados aceptan volver a casa.

La medida requeriría que el departamento de prisiones del estado ponga bajo custodia a personas que sean acusadas o condenadas bajo la medida si las agencias policiales locales o del condado no tienen suficiente espacio para albergarlas.

La propuesta incluye excepciones para personas a quienes se les ha otorgado estatus de presencia legal o asilo por parte del gobierno federal.

La disposición que permite los arrestos de quienes cruzan la frontera entre puertos no entraría en vigor hasta que la ley de Texas o leyes similares de otros estados hayan estado en vigor durante 60 días.