Diez náufragos en un bote a la deriva en alta mar con una cantidad limitada de alimentos no se sirven sin restricciones, sino que acuerdan un determinado racionamiento. Tal es un ejemplo del uso racional de la libertad. Se comienza reconociendo las necesidades comunes y rechaza la acción irrestricta. Los consensos colectivos inherentes a la libertad, paradójicamente, instituyen límites a los individuos. Las instituciones legales brindan mejor servicio a los hombres que la autoridad en manos de personas. Si los bienes son, por definición, escasos, los recursos naturales lo son más. La actividad productiva que los daña genera un costo que pesa en el largo plazo. Pero un día habrá que pagar su reparación, so pena de sucumbir. Es un hecho irrefutable, solo que, como ese día nos parece lejano, no cuenta.
En el siglo XIX las constituciones políticas capitalista y comunista regularon el derecho de propiedad como una relación circunscripta al individuo y la cosa. El capitalismo instituyó el principio de propiedad privada y el comunismo la propiedad colectiva. Ambos destruyeron recursos naturales en sus más variadas formas. A mediados del siglo XX el comunismo se agotaba y los economistas capitalistas descubrieron que el principio del óptimo de la oferta y la demanda es falible. ¿En qué consiste la falla? En la información asimétrica de dos personas negociando, la racionalidad limitada del ser humano, y el criterio oportunista. Comenzó así una magnífica producción que aún hoy intenta entender cómo decide el ser humano con relación a la economía. En el siglo XXI las constituciones han incorporado el derecho inalienable a un ambiente sostenible.
En 1968 Garret Hardin escribió “La tragedia de los comunes” postulando que sólo la educación y la limitación de la ley al uso de los recursos naturales nos hará libres. Hoy eso se llama producción sostenible. En 2018 el premio Nobel de economía fue otorgado a Paul M. Romer y a William D. Nordhaus por sus avances en “Crecimiento económico, cambio tecnológico y cambio climático”. Demostraron cómo el costo de largo plazo por las externalidades negativas de la producción sobre el medio ambiente, calculados a valor presente, inciden negativamente en el crecimiento económico. En ese arco de medio siglo se nos dice que el cambio climático es la más grande falla de mercado; que la tecnología por si misma no soluciona el problema; y que es preciso educar para reconocer todas las dimensiones del asunto y así comprender – como los náufragos – que debemos limitar institucionalmente el uso de los recursos.
Consecuencia de ello es que se está postulando un cambio en los atributos de la propiedad privada. Desde el derecho romano a esta parte se ha reconocido al dueño de una cosa: a) el derecho a su uso; b) el derecho a sus frutos; c) el derecho a abusar de la cosa (tal vez la máxima expresión de la propiedad privada). Actualmente, si la propiedad recae en un bien que es un recurso natural, la doctrina moderna capitalista propone que el dueño de un recurso natural sea reconocido en los siguientes derechos: a) al acceso; b) a la extracción; c) a la exclusión (de otras personas); d) a la gestión; e) a la alienación o transferencia.
Entonces, si es fuerza que haya reglas para preservar el medio ambiente ¿qué tipo de reglas han de darse?, ¿Cómo crearlas?, ¿Cómo determinar su contenido?, ¿Cómo materializar su cumplimiento y qué consecuencias lleva su incumplimiento?
Las leyes no son instrumentos mágicos que realizan su prescripción sin más. Las instituciones que por ellas se crean deben corresponderse con las políticas de gobierno, con las acciones de los poderes públicos y luego medir sus impactos y efectos construyendo datos estadísticos para la corrección, refuerzo, complementación o eliminación de aquellas políticas y normas.
Una cierta porción de normas o reglas son de tipo informal. Tales los estándares de mercado, que imponen paulatinamente determinadas prácticas de protección del medio ambiente, como, por ejemplo, cuando prefieren el consumo de café de plantaciones sin desmontes, o alimentos sin manipulación genética. Las cadenas de producción se tornan más eficientes cuanto más interpretan la demanda que proviene del consumidor. Hoy hay mayor demanda de productos ecológicos, y esto constituye incentivos para quienes producen en algún lugar de la cadena de valor. Cuando estos estándares son incorporados a las leyes de las naciones, las instituciones pasan de la informalidad a la formalidad. Estas normas son muy eficaces, porque nacen como un pedido racional y colectivo de la sociedad. Otra porción de normas proviene de la autoridad pura cuando, por ejemplo, se tiene por cierto que determinado producto daña el suelo o las napas de agua y, consecuentemente, se lo prohíbe o limita en su uso. Un último grupo de normas nace como incentivos cuando, por ejemplo, se subvencionan inversiones en prácticas de mayor sustento ecológico que las tradicionales.
Los avances de las ciencias políticas y económicas del último siglo se basan en mediciones a partir del relevamiento de información. El Estado hoy debe ser el principal recolector de información para la producción de datos estadísticos pues son el insumo más eficiente de las decisiones políticas. Solamente así se conforma un circuito virtuoso de medición-ley-política-acción de gobierno-medición-ley…
Las instituciones que están presentes en los contratos, en los estándares de producción, en las reglamentaciones, en las leyes y en las constituciones son, a la vez que una prescripción de conductas, el punto de partida que permite contrastar dichas reglas con las políticas de estado sobre medio ambiente. Su visión de conjunto permite comprender qué interés tiene una sociedad sobre la cuestión ambiental.
Aproximadamente, la mitad de la producción agropecuaria argentina tiene lugar en campos arrendados. La otra mitad, en tierras propias. El suelo, en tanto principal recurso natural y principal recurso económico (recordando los tres factores: capital, tierra y trabajo), es objeto ineludible de tratamiento normativo, tanto para regular la propiedad, como su uso por arrendamiento. Al analizar el estado de dichas normas, la mirada nos devuelve, como un espejo, el interés que una sociedad organizada en un Estado tiene con respecto al cuidado del más preciado e inmediato de los recursos naturales.
El reconocimiento del premio Nobel de economía dice que la comunidad internacional, en la cúspide de su racionalidad, ha reconocido formalmente la existencia del problema de la producción y sus efectos en el medio ambiente. A la cuestión moral y ética se agregó el más sensible de los aspectos económicos, el medio ambiente es también un problema de costos. Cada nación hará a partir de ahora su parte.
Dr. Rafael Mallo.
El autor es Abogado y Especialista en Agro negocios.
