El caso judicial de Keiko Fujimori tomó un nuevo giro en Perú después de que uno de los jueces que tenía previsto dirigir este viernes la audiencia de casación que podía haber liberado a la líder opositora se inhibiera momentos antes de la sesión judicial y obligara a suspenderla.
El juez supremo Jorge Castañeda, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, iba a resolver sobre el pedido de Fujimori para suspender los 36 meses de prisión preventiva impuestos mientras es investigada por delitos de corrupción. No obstante, renunció a la audiencia después de que se difundieran unas grabaciones que lo vinculan con César Hinostroza, ex juez supremo prófugo de la Justicia y supuesto líder de una trama de corrupción en la judicatura.
La inhibición de Castañeda, que en la grabación parece próximo a Hinostroza y dispuesto a pedirle un favor, obligó a suspender la sesión y posponer la audiencia hasta que se nombre un nuevo juez para la sala.
Al salir de la frustrada audiencia, la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, lamentó la suspensión y pidió una nueva audiencia de forma inmediata.
«Lamento que fuera del debido proceso cierto sector político se preste para perjudicar a Keiko Fujimori, hago un llamado a respetar el derecho de las personas, Keiko lleva ocho meses detenida de manera arbitraria, merece justicia».
Loza añadió que a su defendida no le importa qué magistrado esté en la sala, ya que «la contundencia de sus argumentos» es suficiente para lograr su liberación. Este incidente se une a otras polémicas que rodean esta apelación, después de que esta semana se conociera que el fiscal supremo encargado de defender la postura del Ministerio Público, Víctor Rodríguez, solicitara a la sala que liberaran a la líder opositora, en contra del criterio de los fiscales que investigan la causa.
Rodríguez pidió que se declare fundado el recurso de Fujimori y que se anulara la orden de prisión preventiva que pesa sobre ella desde el 31 de octubre de 2018, pese a la oposición expresa y reiterada de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes dirigen las investigaciones del caso.
Desde que se supo que Rodríguez sería el encargado de defender ante la Corte Suprema este caso, los fiscales expresaron su preocupación y solicitaron su inhibición, infructuosamente.
Rodríguez está acusado de tener lazos con la misma organización que supuestamente dirigía Hinostroza, cuya red supuestamente ofrecía favores y prebendas a políticos, empresarios, fiscales y jueces, algunos de ellos vinculados al partido de Keiko Fujimori.
Toda esta trama está vinculada en última instancia a los millonarios sobornos que la empresa brasileña Odebrecht reconoce haber entregado en Perú a cambio de grandes contratos y beneficios en la adjudicación de obra pública.
Por ese motivo, están imputados los ex presidentes Ollanta Humala (2011-2016), quien ya pasó nueve meses en prisión preventiva, y Alejandro Toledo (2001-2006), cuya extradición ha sido pedida a las autoridades de Estados Unidos. Además, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien cumple 36 meses de arresto domiciliario, mientras que Alan García (2006-2011) se suicidó en abril pasado, cuando iba a ser detenido por este motivo. Asimismo, la ex alcaldesa izquierdista de Lima, Susana Villarán, a quien se le ha dictado 24 meses de cárcel mientras es investigada.
