En su deposición ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares recomendó cambios a las funciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dirigidos a desvincular al ente federal de decisiones de política pública.
En su testimonio, el gobernador expuso que la Junta no ha cumplido con los objetivos para los que fue creada y que se ha convertido en una organización poco democrática.
“La Junta de Supervisión se ha esforzado por crear incertidumbre en Puerto Rico. Toma medidas y hace pronunciamientos públicos que no son compatibles con PROMESA y luego se niegan a reconocer sus errores. Hace solo dos días, la JSF demandó a cientos de proveedores locales puertorriqueños; esto incluyó a clínicas de salud y centros de educación para nuestros niños más vulnerables. ¿Cómo se supone que el Gobierno de Puerto Rico reciba bienes y servicios si todos deben temer un acoso litigioso?”, sentenció el primer ejecutivo.
Entre las recomendaciones que presentó Rosselló Nevares, solicitó que la Junta no infrinja en operaciones gubernamentales, como elemento crítico para que el Gobierno de Puerto Rico mantenga sus poder a fin de establecer política pública, operar el Gobierno e implementar soluciones. Esta petición incluye que el Gobierno maneje las reasignaciones de presupuesto, siempre en cumplimiento de no aumentar las metas fiscales establecidas.
El primer mandatario también solicitó al Comité eliminar la función de la JSF como representante exclusivo de Título III y revisar el proceso de planificación fiscal.
“La Junta de Supervisión debe ser responsable del uso de los fondos públicos y la toma de decisiones. Los informes sobre la falta de transparencia y los posibles conflictos de intereses de los consultores de la Junta son muy preocupantes y no son sorprendentes, dada la forma en que han llevado a cabo sus gestiones durante todo el proceso”, señaló el gobernador.
Por otra parte, el gobernador solicitó al Comité abordar otros asuntos, entre los cuales incluyó el problema de inequidad en fondos de recuperación ante desastres y las consideraciones de costo compartido de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). También solicitó los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional; equidad en programas federales; herramientas para crecimiento económico; y la recuperación del sistema de salud mediante la resolución del abismo fiscal y la inequidad en Medicare y Medicaid.
Por último, el primer ejecutivo solicitó resolver el estatus político de Puerto Rico y lo estableció como la reforma estructural más crucial para la Isla.
Rosselló Nevares afirmó que “el estatus político y la relación de Puerto Rico con el Gobierno federal están íntimamente relacionados con el potencial de crecimiento económico, estabilidad fiscal y recuperación exitosa de la Isla. El Congreso debe resolver el estado de Puerto Rico para liberar todo su potencial e implementar la voluntad de los votantes, quienes democráticamente han expresado en dos ocasiones durante los últimos seis años el claro deseo de terminar con el estado territorial actual y lograr la estadidad para Puerto Rico”.
En su ponencia, el gobernador también destacó el progreso que ha logrado la administración actual mediante un plan que ha resultado en los mayores recortes presupuestarios operativos en historia reciente.También resaltó los ahorros a los pagos de pensiones de jubilados y la implementación de reformas en educación, energía, contribuciones y fomento de desarrollo económico.
Asimismo, habló sobre la reducción de más de 20,000 empleados del Gobierno sin despidos; una reducción del 20 por ciento en las agencias gubernamentales; una reducción del 17 por ciento en los gastos del presupuesto operativo; así como una tasa de desempleo a un mínimo histórico en Puerto Rico.
Rosselló Nevares también recalcó la labor del Gobierno junto a la JSF para reestructurar $21 mil millones de la deuda de Puerto Rico.
