El presidente de Perú, Martín Vizcarra, abrió este miércoles la puerta para la disolución constitucional del Congreso al anunciar que presentará una cuestión de confianza para que se apruebe la reforma política que ha sido obstaculizada por el partido fujimorista Fuerza Popular.
«El gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza respecto de las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción», anunció Vizcarra en una dura declaración en el Palacio de Gobierno, en la que estuvo acompañado por su gabinete en pleno y los gobernadores de todas las regiones del país.
La Constitución peruana le da al Ejecutivo la facultad de disolver el Congreso si este rechaza dos pedidos de confianza, tras lo cual el presidente debe convocar a elecciones legislativas para completar el período de Gobierno, que finaliza en julio de 2021.
El Congreso rechazó en septiembre de 2017
al primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski.
Durante su duro mensaje de este miércoles, el gobernante acusó directamente a la mayoría fujimorista en el Congreso, que en alianza con la pequeña bancada del Partido Aprista, ha obstaculizado los planteamientos de reforma del Ejecutivo e incluso archivó un pedido de destitución del exfiscal general Pedro Chávarry.
«Ante semejante boicot a la lucha anticorrupción» el gobierno y la ciudadanía no pueden «ser ajenos y no manifestar una profunda preocupación», afirmó el presidente, antes de subrayar que en el Congreso hay «enorme máquina de impedir y de blindar».
Para Vizcarra, en el Congreso «quieren seguir traicionando a la ciudadanía favoreciendo los privilegios y la corrupción a costa del futuro de todos».
Así, exigió que el Congreso apruebe cinco proyectos de ley presentados por su Ejecutivo que plantean «que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad» y que «las personas condenadas no puedan ser candidatos» en las selecciones.
Además, que cualquier ciudadano pueda participar en la selección de candidatos mediante elecciones primarias internas, la eliminación del voto preferencial, que otorga la prioridad de un candidato sobre otro, y que la población defina «la participación de mujeres con paridad y alternancia» en los comicios.
También que se prohíba «el dinero sucio en las campañas» electorales y exhortó a los congresistas para que «reconsideren el archivo de las denuncias constitucionales» contra Chávarry.
Al cerrar su mensaje, Vizcarra se dirigió a la ciudadanía para decirle que ella «puede cambiar esta situación» y recordó que fue «la indignación, el clamor ciudadano, que ayudaron a visibilizar la corrupción, la mafia».
