El ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, sostuvo este lunes que presentará un proyecto de ley para que los extranjeros que cometan delitos sean expulsados del país y así tener «un arma jurídica» para echar a aquellas personas que, según dice, el país no quiere tener «ni en sus cárceles».
Así lo aseguró el titular de la cartera en rueda de prensa durante la inauguración de una base policial.
Heber explicó que están pensando en enviar al Parlamento una nueva normativa para regular que el país solo abrirá las puertas a quienes quieren trabajar y no a aquel que «opta por la delincuencia».
Los dichos del ministro del Interior se dan luego de la imputación de la Fiscalía uruguaya a tres extranjeros (dos venezolanos y una colombiana) por un presunto de delito de trata de personas agravado «en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir».
Estas personas formaban parte de una organización de trata y tráfico de personas y tenía a extranjeros -algunos menores de edad- en condiciones de extrema vulnerabilidad a las que les hacían hacer trabajos como vender comida para animales o golosinas «a voluntad» con la obligación de cumplir determinados requisitos.
«Los imputados integran un grupo criminal organizado, donde estos lo lideran o son un engranaje importante, con fines de explotación laboral; que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social los que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana», sostiene la imputación de Fiscalía.
En este sentido, Heber mostró su molestia con los hechos y dijo que, si bien no suele comentar delitos puntuales, en este caso decidió hacerlo porque se trata de extranjeros.
«Uruguay abre sus puertas a gente para que venga a trabajar al Uruguay con las mejores tradiciones para que se asienten acá y delinquen. Nosotros queremos tener una ley mucho más eficaz para que el que delinque se expulse del país (…) tenemos que tener un arma jurídica para expulsar a esta gente que no la queremos en el Uruguay. Ni siquiera en las cárceles», concluyó.
