La Cámara Baja del Parlamento del estado de Nueva York aprobó este último miércoles 12 de junio, una ley que otorga el derecho a los indocumentados a conseguir un permiso de conducir, una vieja reivindicación de este colectivo que aún necesita el visto bueno del Senado para hacerse realidad.
De ser aprobado por ambas cámaras, controladas por el partido Demócrata, Nueva York se convertiría en el estado número 13 del país, además del Distrito de Columbia y Puerto Rico, en conceder carnés de conducir sin importar la condición migratoria.
Tras su aprobación, el público que había acudido a presenciar la sesión rompió en aplausos y comenzó a corear en español: Sí se pudo.
Esta ley, cuyo proyecto fue presentado por el demócrata Marcos Crespo, permitiría que en torno a 265.000 indocumentados obtuvieran el permiso de conducir.
La iniciativa también se encuentra en el Senado, donde fue inscrita por el legislador Luis Sepúlveda.
El pasado 6 de junio, un grupo de activistas y de legisladores afroamericanos pidieron al Senado que aprobara este proyecto antes de que finalice la actual sesión legislativa, el 19 de junio.
Los indocumentados podían conducir en Nueva York antes de los atentados contra las Torres Gemelas, en 2001, pero un año después, el entonces gobernador, George Pataki, impuso el requisito de presentar el documento del seguro social para sacar o mantener la licencia de conducir, lo que llevó a que miles perdieran el permiso.
El proyecto, conocido también como «La ley luz verde» (The Green Light Bill, en inglés) fue presentada como una garantía para «mejorar la seguridad de las carreteras de Nueva York, impulsar la economía estatal y proteger a los trabajadores neoyorquinos y sus familias».
El presidente del Congreso estatal, Carl Heastie, aseguró que con esta norma se garantizará que «todos los conductores están preparados, han sido examinados y están asegurados» lo que permitirá «unas carreteras seguras para todos» y que las «industrias tengan la mano de obra que necesitan para mantener en movimiento» la economía.
Crespo agregó que con la aprobación de la normativa «las familias de los inmigrantes ganarán en tranquilidad cuando sus seres queridos están en la carretera».
Con la nueva ley, las personas que no estén afiliadas a la seguridad social, podrán presentar una declaración jurada firmada para poder acceder a los exámenes de conducir. Asimismo, apuntó que con la reforma de la ley, el Gobierno generará 57 millones de dólares de beneficios anuales, además de un extra de 26 millones en la obtención de las nuevas licencias.
El presidente del Congreso citó un estudio de 2017 de la Universidad de Stanford, según el cual, la introducción de una ley de similares características en California redujo el número de accidentes con huida de los pilotos entre un 7 % y un 10 %.
Heastie concluyó que tras su aprobación la nueva ley hará la vida más fácil a unos 265.000 indocumentados que tienen que ir al trabajo, hacer la compra o llevar a sus hijos al colegio.
