El gobierno estadounidense volvió a imponer severas sanciones petroleras a Venezuela el miércoles, reprobando los intentos del presidente Nicolás Maduro de consolidar su gobierno apenas seis meses después de que Estados Unidos había relajado las restricciones en un intento de apoyar las esperanzas, ahora desvanecidas, de una apertura democrática en la nación sudamericana.

Un funcionario estadounidense de alto nivel que habló con la prensa sobre la decisión dijo que cualquier empresa de Estados Unidos que tenga inversiones en Venezuela tendrá 45 días para cerrar sus operaciones a fin de evitar aumentar la incertidumbre en los mercados energéticos mundiales. El funcionario habló bajo condición de anonimato para explicar las deliberaciones políticas de Estados Unidos.

En octubre, Estados Unidos levantó algunas sanciones a los sectores petrolero, minero y de gas operados por el Estado venezolano después de que el gobierno de Maduro aceptó trabajar con integrantes de la oposición para llevar a cabo una elección presidencial libre y competitiva este año.

Aunque Maduro programó una elección en julio e invitó a observadores internacionales, sus allegados han usado el control total del partido gobernante sobre las instituciones venezolanas para socavar el acuerdo. Estas acciones incluyen impedir que su principal rival, la exlegisladora María Corina Machado, registre su candidatura o la de una alternativa designada. Asimismo, numerosos críticos del gobierno han sido encarcelados en los últimos seis meses, entre ellos algunos aliados de Machado.

Esencialmente, las acciones del miércoles revierten la política estadounidense al punto donde se encontraba antes del acuerdo —que fue forjado en la isla caribeña de Barbados— y prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con Petróleos de Venezuela S.A., mejor conocida como PDVSA, si no cuentan con una licencia específica del Departamento del Tesoro.

“Volvemos a hacer un llamado a Maduro a permitir que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni retrasos”, dijo el vocero del Departamento de Estado Matthew Miller. “Seguiremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera”.

No está claro cuál sería el impacto de la reversión sobre la tambaleante industria del petróleo y el gas de Venezuela, o si presionará a Maduro a ofrecer condiciones electorales más equitativas.

El alivio inicial se emitió solo por seis meses. Los expertos señalan que ese tiempo no es suficiente para atraer las grandes inversiones de capital necesarias para revivir la largamente estancada producción en Venezuela, que cuenta con las reservas petroleras comprobadas más grandes del mundo.

No obstante, al permitir que Venezuela enviara petróleo directamente, en lugar de recurrir a oscuros intermediarios que cobran jugosas comisiones, el gobierno de Maduro pudo aumentar los ingresos petroleros y recaudar efectivo durante los seis meses de retiro parcial de las sanciones estadounidenses.

Además, el endurecimiento de las sanciones no afecta directamente a Chevron, el último de los operadores de perforación petrolera en Venezuela, al que se le permitió aumentar los embarques gracias a una licencia emitida en 2022, en medio de las preocupaciones de que la invasión rusa a Ucrania pudiera afectar el suministro mundial de petróleo.

“La verdadera prueba de la seriedad del gobierno sobre Venezuela es Chevron”, señaló Elliott Abrams, que fue el enviado especial del gobierno de Trump en la crisis de Venezuela. “Dejar esa licencia indica que al gobierno le importa más mantener bajos los precios del petróleo hasta la elección, así como las ganancias de Chevron, que la seguridad nacional de Estados Unidos y la libertad en Venezuela”.

Aunque el gobierno del presidente Joe Biden señala su creciente frustración con Maduro, es poco probable que regrese a la fallida campaña de “máxima presión” que se intentó durante el gobierno de Trump, la cual no hizo más que aumentar el poder del líder izquierdista, según expertos.

“Para la Casa Blanca se volvió imposible fingir que el gobierno de Maduro cumplía de alguna manera, o que siquiera pretendiera cumplir, con el acuerdo implícito en el retiro parcial de las sanciones”, dijo Christopher Sabatini, investigador de Chatham House en Londres. “Haberlo ignorado habría hecho que Estados Unidos pareciera débil y habría socavado su credibilidad en la imposición de sanciones, no sólo en Venezuela, sino en cualquier parte”.

Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los venezolanos echarían gustosos a Maduro del cargo si tuvieran la más mínima oportunidad. Numerosos líderes regionales, entre ellos los presidentes izquierdistas de Colombia y Brasil, se han unido a Estados Unidos en sus críticas al gobierno de Maduro por incumplir sus compromisos y no permitir una elección competitiva.