El número de arrestos de personas que cruzaron ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos aumentó en febrero respecto al mes anterior. Pero en un momento en que la inmigración preocupa cada vez más a los votantes, las cifras siguen siendo de las más bajas de la presidencia de Joe Biden.
De acuerdo con las cantidades publicadas el viernes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron 140.644 detenciones de personas que intentaban ingresar al país por sitios ubicados entre los puestos fronterizos legales durante febrero.
Las cifras forman parte de una serie de datos relacionados con la inmigración, el comercio y las incautaciones de fentanilo que publica mensualmente la CBP. Dichos números son una medición observada muy de cerca en un momento de intenso escrutinio político sobre quién está entrando al país y si el gobierno de Biden tiene el tema bajo control.
Los republicanos —encabezados por el expresidente Donald Trump, virtual candidato republicano a la presidencia— han dicho que las políticas de Biden han alentado a los inmigrantes a intentar entrar a Estados Unidos y que la frontera está fuera de control. El gobierno federal responde diciendo que los republicanos no han colaborado con los demócratas para financiar un proyecto de ley clave sobre seguridad fronteriza, y argumenta que lo que está ocurriendo en la frontera sur forma parte de un fenómeno mundial de más personas que huyen de sus hogares en busca de seguridad.
Las cifras fueron dadas a conocer luego de un diciembre en el que la Patrulla Fronteriza efectuó 249.785 arrestos —un máximo histórico que provocó un incremento en las tensiones en torno a la inmigración— antes de disminuir en enero.
Los funcionarios han atribuido el descenso de diciembre a enero y febrero a las labores de México para controlar la inmigración, y a las fluctuaciones estacionales que influyen por dónde y cuándo deciden los migrantes intentar cruzar la frontera.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo durante un viaje con Biden a Brownsville, Texas, el 29 de febrero que la “razón principal es la intensificación de las labores policiales del gobierno mexicano”. Sin embargo, dijo que los arrestos de migrantes en Arizona se mantuvieron elevados en parte porque Sonora —estado mexicano limítrofe con Arizona— es difícil de patrullar.
En febrero, el sector de Tucson en Arizona fue por mucho el más transitado de la región por migrantes que cruzaron entre puertos de entrada, seguido de San Diego y El Paso, Texas.
Por separado, 42.100 migrantes utilizaron una aplicación llamada CBP One para agendar una cita y presentarse en un puesto fronterizo oficial para solicitar su ingreso a Estados Unidos.
Esa aplicación ha sido un elemento clave de los intentos del gobierno de Biden para reducir el caos en la frontera, al alentar a los migrantes a esperar una cita en lugar de vadear el río o atravesar el desierto y buscar a agentes de la Patrulla Fronteriza para entregarse.
El gobierno federal también ha permitido la entrada de 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, valiéndose del permiso condicional humanitario del gobierno. Los inmigrantes deben tener un patrocinador financiero en Estados Unidos y volar a un aeropuerto estadounidense. Según los datos publicados el viernes, 386.000 personas de esos cuatro países han sido admitidas hasta ahora bajo ese programa.
Pero los republicanos han criticado cada vez más el uso de la aplicación y del permiso condicional humanitario, por considerar que eluden las leyes de inmigración del país para admitir en él a personas que, de otro modo, no cumplirían los requisitos para ser admitidas.