Grupos civiles presentaron este martes una demanda judicial contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por la ley que obliga a las ciudades a detener a indocumentados con fines de deportación y castiga las llamadas jurisdicciones «santuario» al considerarlas «inconstitucionales».
La ley aprobada este año por la Asamblea Legislativo floridano y firmada por el republicano DeSantis ha sido ampliamente criticada en un estado con un 20 % de inmigrantes por la separación de familias que implica y en donde además no existen ciudades «santuario».
«Le estamos pidiendo a la corte que detenga la aplicación de la SB 168 porque viola el derecho constitucional de Florida al debido proceso y la igual protección ante la ley», manifestó la abogada Alana Greer, del Proyecto de Justicia Comunitaria.
El proceso legal, señalaron los demandantes, obliga a la policía local a actuar «como agentes ilegales de ICE, en violación de la cláusula de supremacía de la Constitución y evita que los gobiernos locales promulguen políticas necesarias para la seguridad pública».
«La vinculación de la inmigración con la aplicación de la ley aumenta la discriminación racial, especialmente entre las comunidades de inmigrantes ya vulnerables, y promueve la separación de la familia», señaló Thomas Kennedy, director político de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).
La demanda, interpuesta por FLIC y la organización antirracista Southern Poverty Law Center (SPLC) en una corte federal en el Distrito Sur de Florida, pide a la corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de las polémicos «detainers», órdenes de detención solicitadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
Estas órdenes buscan que los indocumentados se mantenga en las cárceles para deportación, muchas veces por infracciones menores, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal.
La demanda, en la que participan también el Community Justice Project y la Clínica de Inmigración de la Escuela de Leyes de la Universidad de Miami, incluye a la fiscal del estado, Ashley Moody.
«Este proyecto de ley no hace nada por la seguridad de la Florida y en realidad hace más daño que bien», dijo Kennedy.
«Tampoco son buenos para el país. Que los inmigrantes se vean obligados a vivir en la sombra tiene un efecto negativo en todos los estadounidenses».
Otros grupos que se sumaron a la demanda son la ciudad de South Miami, Family Action Network Movement, QLatinx, WeCount!, Iglesia Presbiteriana Unida de Westminster de Gainseville, Americanos por la Justicia de los Inmigrantes, Centro Guatemalteco-Maya y Centro Comunitario Hope.
DeSantis firmó a mediados de junio la SB 168 a pesar de la oposición de los activistas que emitieron en abril una alerta de viaje a Florida por la posibilidad de un aumento de casos de «discriminación racial, detención injusta y deportación» por esta ley y de las posibles consecuencias económicas que pudiera tener.
