La Corte Nacional de Justicia (CNJ) aceptó la reformulación de cargos presentada este miércoles por la Fiscalía de Ecuador en contra de dos ex funcionarios del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), a quienes se acusa de presunto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
En una audiencia celebrada este día en la sede de la CNJ en Quito, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó nuevos elementos de convicción que hicieron reformular los cargos presentados contra el ex secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador Alexis Mera y a la ex ministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte, según un comunicado del Ministerio Público.
Según Salazar, hay pruebas suficientes para acusar a Mera y Duarte de tres presuntos delitos: cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
En un primer momento, ambos ex funcionarios -Mera acudió a la audiencia ataviado con un chaleco antibalas- fueron acusados únicamente de un supuesto delito de concusión.
La Policía ecuatoriana detuvo el pasado 31 de mayo a ambos acusados con fines investigativos en el marco de las pesquisas que la fiscal general lidera, que la prensa local ha vinculado con el caso denominado «Arroz verde», circunstancia que negó la Fiscalía en su momento a través de un comunicado. En el caso denominado «Arroz Verde» se indaga una presunta financiación irregular al movimiento político Alianza País, cuando era liderado por Correa, y que implica, entre otras, a la firma brasileña Odebrecht.
Pamela Martínez, ex asesora de Correa y ex jueza de la Corte Constitucional, así como Laura Terán, ex asistente administrativa de la Presidencia de Correa y ex funcionaria de la Corte, están en prisión preventiva desde principios de mes para rendir indagaciones por el caso abierto a raíz de una investigación periodística.
Entre los principales elementos de convicción presentados hoy por el Ministerio Público se encuentra un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que revelarían variaciones en el patrimonio de Duarte. También se han presentado nuevas versiones del ex asambleísta Christian Viteri, o del esposo de Martínez, Jimmy Salazar, entre otros, así como pruebas documentales que demostrarían el vínculo que existió entre la brasileña Odebrecht y Nexoglobal, empresa que pertenece a la propia Martínez.
Según Salazar, los procesados «serían parte de una estructura criminal organizada y actuaron concertadamente para obtener beneficios económicos», puntualizó el comunicado.
Por ello, la jueza a cargo del caso, Daniella Camacho, solicitó que este caso se acumule al proceso que se sigue en contra de Martínez y Terán, porque los hechos guardarían relación.
Asimismo, ratificó las medidas cautelares que se dictó en su momento contra Mera y Duarte, que se encuentran en prisión preventiva desde que fueron detenidos y que tienen prohibida la salida del país, entre otros requerimientos.
