Diez madres y una opositora en huelga de hambre por la libertad de los «presos políticos» en Nicaragua vivieron bajo una fuerte tensión este viernes su segundo día de protesta, en el interior de una parroquia que se ha convertido en símbolo de rechazo hacia el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Las 11 mujeres cumplieron esta tarde 36 horas de reclamo pacífico en la parroquia San Miguel Arcángel, de la ciudad de Masaya (Pacífico), que desde la tarde del jueves permanece aislada por un cerco policial que en algunas calles se extiende hasta 300 metros, y sin suministros de agua ni luz, por decisión del Gobierno.
Junto con las manifestantes se encuentran dos opositores excarcelados, una defensora de derechos humanos, un empleado del templo y el sacerdote diabético Edwin Román, admirado en Nicaragua por su defensa de las personas perseguidas por protestar contra el presidente Daniel Ortega.
SIN AGUA NI LUZ
El primer día y medio de huelga de hambre ha sido tenso para las mujeres y sus acompañantes, según confirmaron, debido al asedio policial.
En la primera noche los policías han golpeado las puertas de la iglesia de forma continua, y amenazaron con entrar y arrestarlas, informaron a través de mensajes de voz, desde sus teléfonos móviles, por lo que permanecen sin descansar.
Los cuatro hombres encerrados sufren hambre debido a que no habían salido de la parroquia cuando la Policía sitió el lugar.
El caso más delicado es el del padre Román, a quien gritó desde una ventana de su parroquia que los policías no han permitido conseguir su insulina, ni alimentos para contrarrestar la diabetes.
Debido a la falta de energía, los manifestantes han apagado sus teléfonos móviles cuando no los utilizan porque temen que las baterías se agoten, y no poder avisar de posibles ataques de policías y paramilitares.
ESTÁN AISLADOS
Trece jóvenes que llevaban agua a las mujeres fueron capturados por la Policía, y llevados a la cárcel «El Chipote», en Managua, señalada como centro de torturas del Gobierno.
Un grupo de sacerdotes de la Arquidiócesis de Managua intentó acceder al templo, pero no pudieron acercarse más de 100 metros, porque fueron detenidos por los policías.
Horas antes los agentes vieron cómo un civil arrebató y rompió rompiera el móvil con el que una periodista del diario influyente diario La Prensa, transmitía el pedido de ayuda de Román.
Efectivos policiales también rodearon las sedes de la Radio Corporación y Canal 10, dos de los medios independientes con mayor audiencia en Nicaragua.
La ONG nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció que patrullas policiales interceptaron su automóvil cuando se dirigían hacia Masaya y los obligaron a regresar a Managua.
Antes la Policía había negado información a los abogados de la CPDH sobre los 16 jóvenes encarcelados anoche, incluyendo los 13 en Masaya.
CONDENAN ACCIONES
El cardenal Leopoldo Brenes y el clero arquidiocesano de Managua, que abarca a Masaya, emitieron un comunicado en el condenaron y lamentaron «el asedio e intimidación que sufre el padre Edwin Román y fieles, por la Policía Nacional».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó que «este acto contra manifestantes en huelga de hambre evidencia que el Estado de Nicaragua continúa con acciones de represión a víctima de la crisis» sociopolítica, que inició en abril de 2018, con un estallido popular contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Organizaciones opositoras como la Unidad Nacional Azul y Blanco, o la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, condenaron las acciones policiales.
En la Universidad Centroamericana y otros puntos de Managua la oposición realizó «piquetes express», que son protestas efímeras para evitar ser arrestados.
SALDO DE LA VIOLENCIA
La CIDH ha informado de al menos 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis, aunque organizaciones locales cuentan hasta 651, mientras el Gobierno admite 200 y alega defenderse de un supuesto intento de «golpe de Estado».
La crisis también ha dejado cientos de presos y desaparecidos, así como miles en el exilio.
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de la violencia, y lo ha responsabilizado por crímenes «de lesa humanidad», referencias en las que ha coincidido la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CIDH).
