La directora de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adriana Beltrán, instó a las autoridades de Centroamérica a garantizar la independencia judicial para encarar la corrupción, un flagelo que está «muy arraigado» en las instituciones.
«En el caso de Centroamérica la preocupación es que la corrupción no es un problema de casos aislados (…), es un problema sistémico», señaló Beltrán en una entrevista con Efe en Tegucigalpa, tras participar en el IX Foro Centroamericano de Donantes, auspiciado por el Fundación Internacional Seattle.
Enfatizó que la corrupción «se ha arraigado dentro de las mismas instituciones» de la región, lo cual «no permite al Estado poder proporcionar servicios básicos a la población o poder proporcionar la protección a la población».
La experta colombiana indicó que la independencia judicial «es clave» para combatir la corrupción en los países centroamericanos.
«Si no tienes un sistema de Justicia que sea eficaz, profesional, con independencia para poder llevar a cabo su trabajo particularmente en algo tan delicado como es la corrupción, no vas a poder combatir este fenómeno de manera efectiva», subrayó.
Otro tema prioritario para responder «efectivamente a los desafíos» que enfrenta la región, según Wola, es la gobernabilidad.
Beltrán señaló la importancia de tener una «prensa independiente», ya que es un «elemento crucial para poder tener buena gobernanza y tener (una) democracia fuerte».
Las autoridades centroamericana deben adoptar «controles» en las instituciones para «tratar de minimizar (las) oportunidades que puedan existir y puedan facilitar» prácticas corruptas, añadió.
Beltrán destacó que la ciudadanía en la región es «cada vez más consciente de cómo la corrupción impacta directamente a sus vidas y su propio bienestar», por lo que ahora «exige cada vez más transparencia» y reformas a sus autoridades.
Resaltó que en Guatemala y Honduras se han registrado «esfuerzos importantes» con la creación de «mecanismos híbridos», apoyados por la comunidad internacional para tratar de «combatir la corrupción».
Las autoridades guatemaltecas crearon la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) , con apoyo de Naciones Unidas, la cual concluyó su mandato en septiembre paso después de 12 años combatiendo corruptelas.
La salida de la Cicig fue anunciada en agosto de 2018 cuando el presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato, una decisión que, según Beltrán, ha propiciado «un retroceso en los avances» de la Comisión en el fortalecimiento institucional de Guatemala.
Por su parte, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), la primera iniciativa de la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción en un Estado miembro, fue instalada en abril de 2016.
La iniciativa se creó con un convenio suscrito por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para que actuara durante un periodo de cuatro años, por lo que dejará de operar en enero de 2020 si el Ejecutivo hondureño no accede a renovar su mandato.
Beltrán instó al Gobierno hondureño a renovar el mandato de la Maccih, iniciativa que ha apoyado a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic-MP) en la investigación de al menos 13 casos de corrupción, considerado como uno de los mayores problemas de Honduras.
La Misión y la Ufecic han jugado «un papel importante» y «se debe reconocer el papel positivo y los avances que han tenido en el combate a la corrupción», subrayó.
Sin embargo, la experta advirtió de la «reticencia» del poder Legislativo de Honduras a aprobar legislación que ha sido recomendada por la Maccih para que el país centroamericano tenga «una normativa en base a estándares internacionales y que cuente con las herramientas para poder atacar estos fenómenos complejos».
Señaló que el Parlamento hondureño además ha aprobado leyes que «buscan limitar el papel investigativo de las autoridades en temas de corrupción» y puso como ejemplo el nuevo Código Penal, que estaría entrando en vigor en noviembre.
El Código Penal «ha reducido las penas en temas de corrupción», es decir, que intenta «procurar impunidad por temas de corrupción o trata de limitar lo que se puede lograr con estos mecanismos», enfatizó la experta de la organización Wola.
Anny Castro, Agencia Efe
