Ciudad de México (EFE).- El Gobierno de México interpuso una demanda contra quien resulte responsable de un presunto saqueo en el Cañón de La Lagartija, sitio arqueológico ubicado en el municipio de Cuatro Ciénegas, en el norteño estado de Coahuila.
De acuerdo con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el pasado 21 de mayo el Centro INAH Coahuila recibió una denuncia ciudadana del saqueo, la cual fue atendida “de manera inmediata” por el arqueólogo Yuri de la Rosa Gutiérrez, quien acudió para realizar la inspección técnica y verificar los hechos.
“Dejando constancia del incalculable daño patrimonial y de la lamentable pérdida de información para la investigación científica y académica”, precisaron en un comunicado conjunto ambas dependencias.
El director del Centro INAH Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, detalló que, derivado del peritaje realizado por De la Rosa, se confirmó la destrucción de dos contextos arqueológicos, así como daño por alteración de los sedimentos de los abrigos rocosos.
Además se pudo confirmar el robo de material arqueológico que, “dadas las características de material existente en la región, pudieran ser restos humanos, textiles, maderas, huesos trabajados de animales y material lítico, como puntas de proyectil, raspadores, cuchillos y otros artefactos”.
Ante estos hechos, las dependencias interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), “contra quien resulte responsable por el saqueo del sitio arqueológico con clave PACC07 del Registro Público de Sitios Arqueológicos del INAH”.
El sitio Cañón de La Lagartija está compuesto por más de 15 unidades arqueológicas que contienen manifestaciones gráfico-rupestres, morteros sobre la roca y material lítico en superficie.
Estos están localizados en abrigos rocosos medianos y pequeños, así como nichos y oquedades en la roca; estas unidades con evidencias culturales fueron habitadas por grupos nómadas de cazadores-recolectores del desierto, hace 3.000 a 1.000 años.
El INAH reiteró que la destrucción de los contextos arqueológicos, sumado al robo de materiales, ocasiona una pérdida de información “invaluable” para la investigación arqueológica.
El daño patrimonial por robo, tráfico y coleccionismo de objetos arqueológicos es muy grande y priva a los mexicanos de disfrutar sus bienes nacionales patrimoniales.
