Ciudad de México (EFE).- Amnistía Internacional (AI) recordó este miércoles a México que corresponde a autoridades civiles determinar las responsabilidades de los militares que presuntamente ejecutaron a cinco personas en la frontera con Estados Unidos.
«AI exige a las autoridades del Estado mexicano que la investigación y el esclarecimiento de los hechos se realicen en apego al Protocolo Minnesota», un modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó la organización internacional.
«Asegurando (así) que las investigaciones sobre muertes ocasionadas por acción de órganos o agentes del Estado garanticen la rendición de cuentas, el acceso a la información y con juicios a los autores identificados en tribunales civiles y sanciones adecuadas a los responsables», continúa el comunicado.
El martes Univision y El País publicaron vídeo en los que militares disparan contra cinco personas frente a una pared en Nuevo Laredo, en el fronterizo estado de Tamaulipas.
Las imágenes muestran que los soldados bajan a golpes a los ciudadanos de una camioneta, les vendan los ojos, les disparan y después les colocan armas encima.
AI aseguró que estos hechos no pueden entenderse de forma aislada, sino que reflejan los procedimientos con los que las Fuerzas Armadas han actuado en los últimos 16 años en México.
Esto, porque realizan funciones de seguridad pública que le corresponden a autoridades civiles, reclamó la organización, que detalló que destacan casos de violaciones graves «con saldo fatal» cometidas en Nuevo Laredo desde 2020.
En el video se aprecia que las personas detenidas ya habían sido sometidas por los elementos del ejército. Luego de esto, consideró AI, debieron ser entregadas a la autoridad competente para seguirles el debido proceso.
«La participación del ejército en tareas de seguridad pública tanto convencional como constitucionalmente debe ser subordinada a las corporaciones civiles y sus en tareas de seguridad pública extraordinarias, reguladas y fiscalizadas por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces», añadió la organización.
«Si no fuera por una cámara de vigilancia y por la labor de investigación de los medios, el país no sabría de los crímenes atroces y violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, como recientemente ocurrió en Nuevo Laredo el 18 de mayo de 2023», añadió.
Por último, AI estableció que la impunidad, opacidad y falta de rendición de cuentas de las instituciones castrenses no disminuirán si no se implementan medidas serias y efectivas para su fiscalización y supervisión democrática.
«Solicitamos a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos que exijan al Estado mexicano medidas adecuadas y efectivas para garantizar que soldados y marinos que cometan esta clase de atrocidades rindan cuentas ante la justicia nacional o internacional», terminó el comunicado.
